La Ley General de HCTI: conocimiento para la soberanía nacional

Durante décadas, la política científica en México operó bajo un modelo que, lejos de garantizar el acceso universal al conocimiento, profundizó desigualdades y favoreció intereses privados.

La aprobación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) marcó un cambio de raíz: no se trató solo de una reforma administrativa, sino de una transformación estructural y estructurante del sentido mismo de la ciencia en el país.

Esta Ley General constituye un marco jurídico de vanguardia a nivel mundial, ya que no existe otro ordenamiento jurídico que explícitamente haya surgido a partir del reconocimiento constitucional del derecho humano a la ciencia como lo hizo México, a partir de la reforma al Artículo tercero en la fracción V, en mayo de 2019. Se trata de una herramienta que ha logrado transformar el sistema de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) situando el interés público y el bien común por encima de los intereses privados que se vieron favorecidos por el modelo neoliberal y un marco legal vetusto, que presumía amplios márgenes de ambigüedad y opacidad.

El sentido de esta nueva ley, que guio también el quehacer del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), permitió el rediseño de la política pública en esta materia, incorporando a las humanidades para profundizar en la transformación del sistema, hasta lograr que el 91 por ciento de los apoyos fueran destinados al sector público y sólo el 9 por ciento a privados y siempre con rectoría de Estado; contrario a lo que ocurría en el pasado, cuando el Conacyt neoliberal asignaba el 46 por ciento de los apoyos al sector privado y el 54 por ciento al público. 

El modelo anterior: dispendio y exclusión Antes de esta ley, más de 45 mil millones de pesos de pesos fueron canalizados hacia intereses privados a través de mecanismos como el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) y fideicomisos so pretexto de la innovación científica. Este modelo no solo significó un uso ineficiente y opaco de recursos públicos, sino una exclusión sistemática: regiones enteras del país, instituciones públicas y disciplinas completas quedaron fuera del acceso a becas y apoyos.

Mientras tanto, los recursos se concentraban en empresas, universidades privadas, programas en el extranjero de alto costo y redes de favoritismo. Mientras en el Conacyt neoliberal (2013-2018) se antepusieron intereses privados a las necesidades de desarrollo tecnológico del pueblo de México ―utilizando una red de simulaciones, desvíos y corrupción―, nuestro país descendió 16 lugares a nivel mundial en innovación, a pesar de haber destinado 162 por ciento más de gasto público para este rubro.

La consecuencia fue profunda: millones de personas quedaron al margen del derecho humano a la ciencia, afectando también otros derechos, pues hoy la ciencia es una herramienta habilitadora del bienestar, la salud, la alimentación y el desarrollo.

Becas y SNII: desigualdad estructural

El sistema de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) operaba de forma arbitraria, bajo criterios discrecionales que favorecían intereses creados, políticos y privados. Mientras estos apoyos se dispersaban de forma perversa, estados enteros —particularmente los más pobres— se quedaban fuera.

En este contexto, la ley general ha permitido reconfigurar los mecanismos bajo la obligación del Estado mexicano de proporcionar recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión.

De esta manera fue posible que en 2022 ningún estudiante de posgrados públicos se quedara sin apoyo, contrario a lo que ocurrió en 2017, cuando más de 2 mil personas se quedaron sin beca en institucionas de educación pública. También, amparado en la primera Ley General HCTI, el Sistema Nacional de Posgrado (SNP), el cual ha incorporado casi mil programas de posgrado nuevos, logró alcanzar el 95 por ciento de gratuidad en los programas públicos, mandatar la entrega de becas directas a las comunidades estudiantiles y no excluir a posgrados de humanidades o de regiones rezagadas. 

En contraste, el extinto Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt neoliberal, privatizó los posgrados en instituciones públicas, las cuales llegaron a cobrar un promedio de 90 mil pesos al año y que, en algunos casos, superaron los 500 mil pesos anuales por estudiante.

El aumento del presupuesto a becas de posgrado ha sido sostenido: en 2023 fue 45 por ciento mayor que en 2017, lo que ha permitido brindar apoyos a grupos desfavorecidos históricamente como: mujeres, indígenas, madres jefas de familia o personas con alguna discapacidad. 

Mientras la ley vigente hasta ahora ha permitido ampliar apoyos, la ley de ciencia de Fox provocó que en 2018 más de siete mil posgrados de especialidad, maestría y doctorado quedaran excluidos del PNPC, y más de 100 mil estudiantes se quedaron sin beca. Una de las ventajas que ahora se suman a la discusión pública sobre la constitucionalidad de Ley HCTI que revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la que prueba los beneficios.

Por ejemplo: los mecanismos armonizados en esta ley han impulsado un crecimiento por encima del 200 por ciento en el número de apoyos en becas. Un caso emblemático es el de Guerrero, que pasó de recibir 313 becas (2013-2017) a mil 073 becas (2019 y 2023), lo que representa un aumento del 243 por ciento con respecto al periodo anterior.

Este comportamiento ascendente en el número de apoyos promedio en los periodos ya mencionados, se registra también en Tabasco, que pasó de 388 becas a 791, que es un 104 por ciento más; y Campeche, donde se duplicó la asignación de apoyos, pasando de 111 becas promedio a 219, lo que representa un 97 por ciento más. 

SNII

En el caso del Sistema Nacional de Investigadores (que ahora ha pasado a visibilizar a las mujeres científicas desde su nombre: Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores), las distorsiones eran similares: exclusión de mujeres en las ciencias, marginación de áreas como las humanidades y las artes, concentración de estímulos en instituciones con mayor poder y centralizadas en la capital del país, casos documentados de favoritismo y conflictos de interés, etcétera.

Este esquema no solo era injusto, sino contrario al interés público: premiaba trayectorias desvinculadas de las necesidades nacionales y relegaba a quienes trabajaban en contextos de mayor vulnerabilidad.

La reconfiguración del SNII, con base en estándares que dicta la Ley General HCTI, ha logrado robustecerse sin exclusión territorial, disciplinar o de género como antes ocurría. Se logró aumentar un 54 por ciento más de personas investigadoras apoyadas con este estímulo, respecto a 2018.

Los datos actuales son relevantes y de alto impacto para robustecer las pruebas de la transformación que el SNII, amparado en la Ley General HCTI. De 2019 a la fecha, se ha reducido —casi 5 puntos porcentuales— la brecha de género entre personas que ingresan a este sistema. Mientras en 2019 había sólo un 37.61 por ciento de mujeres en el SNII, actualmente hay un 41.2 por ciento.

Además de ello, la distribución por región ha sido más equitativa: si bien es cierto que el área metropolitana del país concentra el mayor número de personas con este estímulo (11,576), la zona centro sur ascendió de 5,579 a 9,457 apoyos y el sur-sureste paso de 2,777 apoyos a 5,663. Todas las regiones han registrado aumentos en el número de estímulos y una reducción de la brecha de género. La reforma: recuperar recursos y redefinir prioridades

La eficiencia de esta primera Ley General de HCTI en México está probada, pues los mecanismos que se establecieron de forma paralela a su creación, pero alineadas a su contenido sustancial en austeridad y precisión presupuestaria, permitió al renovado Conahcyt (con H) recuperar más de 20 mil millones de pesos del erario que estaban listos para dispendiarse de manera irregular desde los 91 fideicomisos opacos que logramos extinguir.

Aunque esto es relevante, el alcance de este cuerpo normativo de vanguardia va mucho más allá del ahorro: redefine el papel del Estado en la conducción de la política científica.

Con la creación del SNP y la renovación del SNII, se establecieron criterios de: equidad regional, equidad de género, equidad disciplinaria y reconocimiento de la diversidad epistemológica, que permitieron ampliar el acceso a becas en regiones históricamente excluidas y fortalecer instituciones públicas fuera de los grandes centros urbanos. Los datos expuestos lo prueban.

Ciencia para el pueblo: los PRONACES

Uno de los cambios más significativos fue la implementación de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), hoy amparados también en la LGHCTI, que orientan la investigación hacia problemas prioritarios del país y redefinen una nueva forma de investigación transdisciplinaria en el país, con incidencia real en los territorios a favor del bien común.

Gracias a este enfoque, recursos antes destinados a intereses privados se canalizaron al fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria, el desarrollo de tecnologías médicas, la atención a problemáticas ambientales e innovaciones estratégicas como la vacuna Patria o tecnologías para el aprovechamiento del litio.

Todos estos logros son la base fundamental de nuevos hallazgos que seguirán favoreciendo al pueblo de forma colectiva, justa y más accesible. Este viraje en la política científica no solo ha tenido impactos nacionales, sino que ha comenzado a ser reconocido a nivel internacional.

Durante su visita a México, el relator especial de la ONU, Marcos Orellana, destacó el liderazgo del país en la articulación entre ciencia, derechos humanos y política pública, subrayando la importancia de que el conocimiento científico oriente decisiones para atender problemáticas estructurales como la toxicidad ambiental. (Las Naciones Unidas en México).

En este contexto, el modelo de los Pronaces se posiciona como un referente innovador al vincular directamente la investigación con las necesidades sociales y ambientales, particularmente en ámbitos como la soberanía alimentaria, la salud y la justicia ambiental. Este reconocimiento internacional confirma que la reorientación de la ciencia en México —lejos de intereses privados— hacia el bienestar colectivo no solo es pertinente, sino necesaria frente a los desafíos contemporáneos.

Resultados: soberanía e innovación

El cambio de paradigma ya muestra resultados. Durante este periodo se lograron cerca de 90 patentes de Estado, un hecho inédito en la historia reciente del país. Más importante aún, se sentaron las bases para una ciencia orientada al interés público y a la soberanía tecnológica.

Lo que está en juego

La Ley de HCTI no es únicamente una reforma técnica: es una disputa por el sentido de la ciencia en México. De un lado, un modelo que privilegiaba el lucro, la discrecionalidad y la concentración de recursos. Del otro, un proyecto que busca democratizar el conocimiento y ponerlo al servicio del pueblo.

Revertir esta ley o desmantelar sus avances no solo implicaría perder recursos, sino retroceder en la construcción de un sistema científico más justo, incluyente y soberano. En un país marcado por profundas desigualdades, garantizar el derecho a la ciencia no es un lujo: es una condición indispensable para la justicia social.

Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces. Científica, investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM. Premio Nacional de Ciencias 2017. Exdirectora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).