Justicia legal

Si López Obrador tuviera noción de la justicia legal, mucho aprendería y ratificaría por la decisión del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de EU respecto del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El órgano ha concluido por unanimidad que el Departamento de Justicia debería proceder contra el expresidente Donald Trump por cuatro cargos: incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio, conspiración para defraudar al país y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso: la votación para certificar el triunfo de Joe Biden que interrumpió una acción violenta al término de un mitin a favor de Trump en Washington.

Para la responsabilidad pública no hay otra justicia que la legal, no hay manera de oponer otra consideración sobre la determinación de la ley. Es un debate clásico del derecho y, más allá de las distintas doctrinas, escuelas e interpretaciones, se entiende que, para el funcionario, quien jura cumplir y hacer cumplir la ley, debe prevalecer la legalidad. Se descarta la justicia por propia mano, la justicia “natural”, o invocar desconocimiento de la norma o práctica social en contrario. La ley se cumple y es menester obligar a que otros la cumplan en el ámbito de responsabilidad de cada uno.

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