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Los sucesos a partir de la difusión por Latinus de la investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que refiere a su hijo y a un eventual tráfico de influencia con Pemex, constituyen el episodio más grave y preocupante de la relación del poder con los medios de comunicación. Lo ocurrido es consecuencia de la complacencia compartida entre el presidente, su círculo cercano y quienes hemos sido afectados por la impunidad verbal del mandatario. Nosotros, por no acudir a los medios judiciales en defensa de nuestro derecho a la dignidad, salvaguardado por la ley.
La contención al exceso debió hacerse mucho antes. Las mañaneras están al margen de la ley, y su tarea de informar es tergiversada con engaños y propaganda. Ninguna autoridad, menos quien detenta la condición de jefe de gobierno y jefe de Estado, puede quebrantar el código al que está sujeto todo gobernante. Bienvenido el ejercicio de información, aún excesivo y desproporcionado, como el de López Obrador, que no es tal. La mañanera presidencial ha sido de un ofensivo protagonismo que agrede y difama a particulares, se insulta y persigue a quienes encabezan instituciones autónomas, se denigra a empresas y se ofende a autoridades y gobiernos de otros países. Un solo caso merecería reprobación, pero una conducta recurrente, ahora normal y tolerada, orilla a que el problema vaya creciendo por la falta de prudencia y mesura del presidente y de su equipo de comunicación.
Efectivamente, la confrontación va en escala, y la reacción de López Obrador ante el reportaje de referencia es desproporcionada; de desapego a la ley y a la ética del servicio público; contraproducente a su propia causa, produciendo a su proyecto una herida difícil de superar. Revela, asimismo, que el mandatario está solo y fuera de la realidad. Sus cercanos y quienes tienen influencia optan por callar o someterse a sus impulsos autoritarios. El presidente es el responsable, pero también quienes por acción u omisión le han llevado a ese extremo.
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