México recupera 26 loros víctimas de tráfico internacional
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de septiembre de 2026.- Sobrevivir a un episodio de violencia extrema es apenas el comienzo de un largo proceso para niñas, niños y adolescentes que quedan expuestos a sus consecuencias. Por ello, organizaciones especializadas llamaron a que su protección no termine con ponerlos a salvo, sino que incluya atención psicológica especializada, acompañamiento y mecanismos para evitar una nueva victimización.
El llamado de Reinserta surge tras el caso registrado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde un niño de seis años fue localizado con vida luego del asesinato de integrantes de su familia.
En un comunicado la organización sostuvo que, ante situaciones de esta magnitud, las autoridades deben colocar en el centro la estabilidad emocional, la privacidad y la seguridad de las infancias sobrevivientes, evitando actuaciones que puedan profundizar el impacto del trauma.
De acuerdo con estimaciones citadas por Reinserta, entre 25 mil y 50 mil niñas, niños y adolescentes quedan cada año en situación de orfandad a causa de hechos violentos en México. Además, en 2019 autoridades de 26 entidades identificaron 796 menores en orfandad por feminicidio.
Más allá de las cifras, la organización advierte que la forma en que las instituciones intervienen después de un hecho violento puede marcar la diferencia en la recuperación de una niña o un niño.
Por ello, plantea que cada caso debe comenzar con una valoración especializada e informada en trauma, que permita determinar las necesidades particulares de la víctima y establecer una ruta de atención adecuada.
Esto incluye garantizar un entorno seguro, la presencia de personas cuidadoras protectoras y atención psicológica profesional, pero también limitar la exposición mediática y evitar interrogatorios o entrevistas innecesarias.
Uno de los principales riesgos es la llamada victimización secundaria, que puede producirse cuando una niña, niño o adolescente debe contar repetidamente lo ocurrido ante distintas autoridades, especialistas o instituciones.
Reinserta consideró que esta situación puede evitarse mediante una coordinación efectiva entre los sistemas DIF, las Procuradurías de Protección, las autoridades de salud y las fiscalías, de manera que exista una ruta única y articulada de protección y atención.
La organización señaló que cuenta con experiencia en este tipo de acompañamiento a través de su Centro de Atención Reinserta, donde brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de delitos graves.
El objetivo, explicó, es contribuir a estabilizar y resignificar las experiencias traumáticas, además de generar condiciones para que las víctimas puedan recuperar su bienestar y continuar con su desarrollo.
Para Reinserta, el caso de Atizapán representa también una oportunidad para revisar cómo responde el Estado cuando una infancia sobrevive a la violencia.
La protección, sostuvo, debe abarcar desde el primer contacto con las autoridades hasta cualquier eventual participación en un proceso judicial, con protocolos que reduzcan al mínimo la repetición de testimonios y garanticen respeto a su dignidad.
La recuperación de una niña o un niño no puede depender solamente de haber sobrevivido físicamente a la violencia. También requiere que las instituciones sepan acompañar, escuchar y proteger sin convertir el proceso de atención en una nueva experiencia traumática.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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