Morena, brazo político del crimen organizado

Sólo era cuestión de tiempo.

Tiempo para confirmar lo que aquí se ha documentado durante casi una década: la complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado.

Sí, tiempo para que en México y en el mundo aparecieran pruebas irrefutables de que el partido Morena es, en los hechos, el brazo político de los grupos criminales.

Un poderoso y extenso brazo criminal que alcanzó tanto los municipios más apartados del país como las pujantes capitales de importantes estados de la República.

Un brazo que, sin resistencia, atrapó los congresos locales y sometió en sus garras de complicidad tanto senadurías como diputaciones federales.

Un poder criminal que, en la última década, extendió su influencia sobre gobiernos estatales como los de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí y… más de la mitad del territorio nacional.

Y por esa razón, por la fuerza desmedida del crimen organizado para capturar espacios de poder político y someter a servidores públicos, hoy vemos espectáculos penosos como la complicidad oficial con el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y actual jefe de los senadores de Morena.

Sí, como seguramente ya lo notaron, hablamos del “gran hermano”, de nombre Adán Augusto López, impulsor y jefe de la banda criminal de Tabasco conocida como “La Barredora”.

En efecto, un político menor y mediocre que alcanzó notoriedad no tanto por su talento en la política —y mucho menos por su eficacia en el servicio público—, sino por sus andanzas como “sugar daddy”.

Sin embargo, detrás del “hermano” del expresidente López Obrador, detrás de Adán Augusto López, siempre estuvo agazapado el verdadero jefe de la creciente violencia criminal en Tabasco: Hernán Bermúdez, el mismo al que el hoy senador le encargó la seguridad pública, y quien actualmente es prófugo de la justicia.

En pocas palabras: Adán Augusto entregó la iglesia en manos de Lutero.

Pero lo realmente preocupante del asunto es que, a pesar de las pruebas irrebatibles de la complicidad del líder de los senadores de Morena con el crimen organizado, parece que desde el poder presidencial se prefiere aplicar la máxima juarista para los amigos.

Y es que, ante la exigencia social de que Adán Augusto y su círculo sean llevados ante la justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a solicitar —amablemente— al “hermano” de AMLO que considerara conveniente dar su versión sobre su exsecretario de Seguridad Pública.

Así, frente a una complacencia que rebasa los límites de la complicidad, la presidenta aplicó la vieja máxima:
“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas.”

Y ante tal chabacanería presidencial en el escándalo tabasqueño, se confirma la abierta complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado.

Una realidad que da la razón al expresidente estadounidense Donald Trump, cuando señaló que el gobierno mexicano está “paralizado” ante los cárteles mafiosos.

Peor aún, sabedor de que goza de impunidad total y con el cinismo propio de los tiempos de la 4T, Adán Augusto dijo estar dispuesto a dar la cara, aunque curiosamente “no ha sido requerido” por ninguna autoridad.

Lo cierto es que, si al Estado mexicano realmente le importara la justicia y acabar con el poder político de los cárteles, ya habría iniciado el desafuero de Adán Augusto y de otros legisladores y gobernadores que abiertamente son socios de los grupos criminales en México.

El problema, sin embargo, es que la complicidad oficial con las mafias viene desde Palacio.

Porque desde su concepción, el partido Morena fue construido como el brazo político del crimen.

Y sí: el tiempo lo confirmó.

Al tiempo.