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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de junio de 2026.- Aunque el trabajo infantil está prohibido por la legislación mexicana para menores de 15 años, miles de niñas, niños y adolescentes continúan realizando actividades económicas, una problemática asociada principalmente a la pobreza, la desigualdad y la necesidad de complementar los ingresos familiares.
Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar una realidad que afecta a millones de menores en todo el mundo y que continúa presente en México.
En San Luis Potosí, la protección de niñas, niños y adolescentes está contemplada en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. La legislación establece que las autoridades deben proteger a los menores de toda forma de explotación económica y laboral, así como de las peores formas de trabajo infantil y del trabajo forzoso.
Además, prohíbe expresamente el empleo de menores de 15 años y ordena prevenir cualquier actividad laboral que pueda afectar la salud, la educación o el desarrollo físico, mental, moral y social de los adolescentes.
La ley también obliga al Estado y a los municipios a implementar acciones para prevenir el trabajo infantil en calles, cruceros, campos agrícolas y cualquier otro espacio donde se ponga en riesgo la integridad, seguridad o dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Pese a este marco legal, el principal reto sigue siendo la detección de casos, especialmente en actividades agrícolas, comercios familiares y trabajo informal, donde muchas veces la participación de menores permanece invisible para las autoridades.
La propia legislación reconoce la necesidad de establecer medidas de rehabilitación, reinserción social y permanencia escolar para romper el ciclo de pobreza que suele estar detrás del trabajo infantil.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil elaborada por el Inegi, en el país más de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica o trabajo doméstico en condiciones no adecuadas para su edad. La cifra representa uno de los principales desafíos en materia de derechos de la infancia.
La legislación mexicana establece que está prohibido emplear a menores de 15 años y que los adolescentes de entre 15 y 17 años sólo pueden trabajar bajo condiciones específicas que no pongan en riesgo su salud, seguridad o educación. Sin embargo, la realidad económica obliga a numerosas familias a depender de la participación de sus hijos para complementar el gasto cotidiano.
Organismos internacionales advierten que el trabajo infantil tiene consecuencias que van más allá del ingreso económico inmediato. Los menores que trabajan tienen mayores probabilidades de abandonar la escuela, presentar rezagos educativos y enfrentar condiciones laborales precarias durante su vida adulta, perpetuando los ciclos de pobreza.

En San Luis Potosí, organizaciones civiles y autoridades han impulsado programas orientados a prevenir la deserción escolar y fortalecer el acceso a apoyos sociales para familias en situación vulnerable. No obstante, el combate al trabajo infantil requiere una estrategia integral que combine educación, desarrollo económico, inspección laboral y protección social.
El problema también tiene una dimensión cultural. En algunas comunidades persiste la percepción de que la incorporación temprana al trabajo representa una forma de aprendizaje o responsabilidad.
Sin embargo, la OIT distingue claramente entre la participación ocasional de los menores en actividades familiares y aquellas labores que afectan su educación, desarrollo físico o bienestar emocional.
A nivel mundial, se estima que cerca de 160 millones de niños trabajan, de los cuales una parte importante realiza actividades consideradas peligrosas. Aunque en los últimos años se han registrado avances, se mantienen retrocesos derivados de crisis económicas, conflictos y fenómenos migratorios.
En el marco de esta conmemoración internacional, especialistas coinciden en que erradicar el trabajo infantil no sólo implica retirar a los menores de actividades laborales, sino garantizar que tengan acceso efectivo a educación, salud, alimentación y oportunidades de desarrollo.
Que ningún niño tenga que elegir entre estudiar o trabajar para ayudar a sostener a su familia, una realidad que todavía enfrenta una parte importante de la niñez potosina y mexicana.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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