Capacitan a funcionarios de SLP en derechos de infancia y adultos mayores

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 18 de septiembre de 2026.- La atención que reciben niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores desde las instituciones públicas fue uno de los temas centrales de una jornada de capacitación dirigida a servidores públicos de San Luis Potosí.

La actividad forma parte del diplomado Derechos Humanos en la Vida Cotidiana para el Servicio Público, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en coordinación con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la jornada participó Nashieli Ramírez Hernández, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quien impartió la ponencia Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y personas adultas mayores.

Con una trayectoria de más de 40 años en la promoción y defensa de los derechos humanos, Ramírez Hernández compartió herramientas para que el funcionariado identifique las necesidades particulares de estos grupos y mejore la atención que reciben al acudir ante las instituciones.

Uno de los puntos abordados fue la importancia de reconocer a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores como personas titulares de derechos, y no únicamente como sectores que requieren asistencia.

La capacitación también consideró las distintas circunstancias que pueden enfrentar estos grupos en su relación con las autoridades, con el propósito de favorecer una atención más sensible y acorde con los principios de dignidad y respeto.

La presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, destacó la participación de la especialista y señaló que la colaboración entre instituciones permite fortalecer la preparación de quienes tienen contacto directo con la ciudadanía.

El diplomado busca que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse a la atención cotidiana que brindan las dependencias públicas y contribuir a una actuación institucional con mayor enfoque de derechos humanos.

Las actividades de formación continuarán como parte del proceso de profesionalización del servicio público.