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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de octubre de 2026.- Los organismos operadores de agua de San Luis Potosí deberán tomar como tope máximo de referencia un incremento de 5.14 por ciento para preparar sus propuestas de cuotas y tarifas correspondientes a 2027, informó la Comisión del Agua del Congreso del Estado.
La presidenta de la comisión legislativa, Nancy Jeanine García Martínez, explicó que el porcentaje corresponde al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el periodo acumulado de diciembre de 2025 a septiembre de 2026.
Durante una reunión con titulares y representantes de los organismos operadores y personal del INEGI, se revisó el indicador que deberá servir como referencia para los ajustes tarifarios del próximo ejercicio fiscal.
García Martínez señaló que los organismos deberán presentar sus propuestas a más tardar el 5 de noviembre, acompañadas de las iniciativas de leyes de ingresos correspondientes y con la aprobación de sus respectivas juntas de gobierno.
“Con base en ese porcentaje, los organismos deberán presentar sus ajustes de cuotas y tarifas a más tardar el 5 de noviembre; nosotros haremos las revisiones correspondientes y, en caso de que tengamos que hacer alguna modificación, tenemos esa facultad”, explicó.
La legisladora indicó que la Comisión del Agua revisará las propuestas antes de turnarlas al Pleno del Congreso, que deberá analizar y resolver sobre los ajustes planteados para el siguiente año.
Además del indicador económico, los organismos tendrán que presentar los elementos técnicos y operativos que sustenten sus solicitudes, incluidas las necesidades de mantenimiento, operación y mejoras en los servicios.
La revisión cobra relevancia en medio de los cuestionamientos de usuarios por las fallas en el suministro de agua en distintas zonas del estado, particularmente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde se han registrado reclamos por interrupciones y problemas de abastecimiento.
La Comisión del Agua señaló que los organismos deben apegarse al indicador establecido al preparar sus propuestas, mientras que el Congreso conserva la facultad de revisar los planteamientos y modificar lo que considere necesario antes de su aprobación definitiva.





