SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 7 de diciembre de 2019.- Con motivo de la pasada conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del 25 de noviembre, la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, indicó que se debe analizar dos vertientes para comprender la falla para atender este problema, que ha hecho de México el segundo país con más feminicidios en América Latina.

En primer lugar, indicó que deben tomarse en cuenta las actividades que se han hecho por el 25N y en segundo, el conjunto de acciones que deberían de realizarse de manera continua y estructural.

La profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), explicó que en este último caso es donde se observa un impasse, es decir la incapacidad institucional por comprometerse e inclusive -a partir de este año-, entrar a una dinámica de no asumir el compromiso de ejecutar acciones que sean visibles o que tengan incidencia para atender a las mujeres.

Sobre todo, porque varios municipios del estado -incluido la capital San Luis Potosí-, continúa con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM), que tendría que involucrar que las acciones de seguridad, reparación del daño y justicia, sean verificadas de manera puntual.

“Hemos visto que las autoridades estatales no han asumido el compromiso y este año se han dedicado a no sesionar en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia. No sabemos cuál es el estado de cumplimiento de su Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia (Pepasev). Sabemos más bien que está estancado (…). No vemos acciones concretas”, señaló.

URGEN SOLUCIONES A LA MEDIDA

La doctora Navarro Sánchez indicó que el diseño del mecanismo de la AVGM es insuficiente, ya que se dictaron las medidas exactamente igual para todos los estados, cuando deberían ser territorialmente situadas, que respondan la realidad de cada entidad, así como la identificación de los fenómenos que producen relaciones de violencia a nivel local y estado.

Ante dicho panorama, Navarro Sánchez comentó que en ocasiones se identifican algunos esfuerzos aislados institucionales -como la instauración de la Puerta Violeta, un centro de atención a mujeres víctimas y sus hijos-, pero habrá que estar al pendiente de evaluar los resultados, ya que dicho programa funge como un símil del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), el cual no opera los 364 días del año, ni 24/7.

Mientras que, a nivel nacional, la investigadora indicó que las políticas públicas federales no terminan de incidir debido a que no alcanzan a responder las necesidades de las mujeres de manera real, además que no se observa clara la estrategia por parte del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y aunque se encuentran en proceso de construcción el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el país, los cuales fungen como ejes rectores de acción pública a nivel federal, no se ha tenido con claridad otras medidas por parte del gobierno.

Consideró que estas acciones deben reflejarse en aspectos materiales, como el aseguramiento de recursos para los refugios, así como el apoyo que permite la operatividad de las instancias, institutos y secretarías de las mujeres. Además de estrategias específicas para el empleo y el acceso a la salud.