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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 30 de agosto de 2026.- La diputada Ana María de la Cruz Olvera propuso reformar la Ley de Salud del Estado para garantizar a las personas jóvenes acceso efectivo a métodos de barrera e información para ejercer de manera responsable sus derechos sexuales y reproductivos.
La iniciativa busca que la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de San Luis Potosí desarrollen mecanismos concretos de prevención dentro de los centros educativos de nivel superior, mediante la instalación de módulos dispensadores de preservativos y otros métodos de barrera.
La legisladora señaló que la matrícula de educación superior en el estado está integrada por decenas de miles de estudiantes, principalmente en municipios como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, por lo que las universidades representan espacios estratégicos para promover la salud y prevenir riesgos.
La propuesta plantea fortalecer las atribuciones de las autoridades sanitarias en materia de acceso preventivo a métodos de barrera en centros educativos, así como promover la instalación y operación de dispensadores en instituciones públicas de educación superior.
También contempla que la Secretaría de Salud pueda celebrar convenios de colaboración con universidades particulares, con el propósito de ampliar estas acciones a otros sectores de la comunidad estudiantil.
Los convenios permitirían establecer mecanismos para la instalación, abasto, supervisión y mantenimiento de los módulos dispensadores, además de desarrollar campañas de orientación y prevención dirigidas a estudiantes.
La iniciativa establece que estas acciones deberán realizarse bajo principios de accesibilidad, confidencialidad, no discriminación, perspectiva de género y orientación preventiva.
Asimismo, plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y las instituciones públicas de educación superior, implemente acciones permanentes de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados entre la población estudiantil.
De acuerdo con la propuesta, la política pública no debe limitarse a proporcionar información, sino incorporar mecanismos concretos de acceso a insumos preventivos, con orientación para su utilización adecuada.
Las instituciones particulares de educación superior podrán adherirse a estas acciones mediante convenios de colaboración con la Secretaría de Salud estatal.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, donde será analizada para posteriormente determinar su viabilidad.
