Buscan blindar escuelas de SLP contra violencia y acoso

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de agosto de 2026.- Ante los casos de violencia y acoso que continúan registrándose en escuelas de San Luis Potosí, el Congreso del Estado analiza una reforma para obligar constitucionalmente a las autoridades a implementar medidas de prevención, seguridad y atención emocional en los planteles.

La iniciativa, presentada por la diputada Ana María de la Cruz Olvera, propone modificar el artículo 10 de la Constitución estatal para establecer como obligación del Estado la implementación de mecanismos institucionales de seguridad y monitoreo de paz en los entornos educativos.

El planteamiento también contempla incorporar como ejes transversales del sistema educativo la cultura de paz, la prevención de las violencias y el bienestar psicoemocional, además de coordinar a las instituciones educativas con las áreas de seguridad y salud mental.

El problema no es menor. La ENADIS 2022 del INEGI documentó diversas experiencias de violencia entre estudiantes, desde burlas y exclusión hasta golpes, amenazas y agresiones mediante contenidos publicados en internet. Por ejemplo, entre niñas y niños de 9 a 11 años, 17.2% reportó que compañeros se burlaron de ellos o les pusieron apodos ofensivos, mientras que 9.1% señaló haber recibido golpes, empujones o amenazas.

En San Luis Potosí, la problemática también ha generado intervenciones de las autoridades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal informó que durante los primeros dos meses de 2025 sus programas de prevención alcanzaron a más de 40 mil personas en 100 instituciones educativas de más de 20 municipios, con acciones dirigidas a detectar y prevenir casos de bullying.

Además, en 2025 la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 53 quejas por acoso escolar entre enero de 2024 y marzo de 2025, de acuerdo con reportes difundidos sobre la situación en planteles de secundaria y preparatoria.

La propuesta legislativa busca que estas acciones no dependan únicamente de programas o protocolos administrativos, sino que exista un mandato constitucional para prevenir las violencias y atender los conflictos dentro de las comunidades escolares.

Entre las medidas planteadas también se encuentra la enseñanza obligatoria de mecanismos alternativos para prevenir y transformar conflictos de manera pacífica, con estrategias adaptadas a cada nivel educativo.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, donde será analizada antes de determinar si avanza al Pleno.