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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 10 de septiembre de 2026.- La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil para establecer que los aumentos anuales de las rentas de viviendas destinadas a habitación no puedan superar el porcentaje de inflación reportado por el Banco de México (Banxico) durante el año inmediato anterior.
La modificación corresponde al artículo 2282 del Código Civil del Estado y busca establecer un parámetro objetivo para determinar el incremento máximo que podrá aplicarse a los contratos de arrendamiento de vivienda.
La presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, Gabriela López Torres, sostuvo que la propuesta no pretende afectar al sector inmobiliario ni modificar de manera excesiva la relación entre propietarios e inquilinos.
Explicó que se trata de fijar un límite máximo vinculado directamente con la inflación, de manera que los ajustes a las rentas no puedan superar el comportamiento general de los precios.
“No afecta a nadie, a ningún sector inmobiliario; es un artículo que ya existe en el Código Civil y se establece que los ajustes no podrán ser más de los establecidos en inflación por el Banco de México”, afirmó.
La iniciativa fue presentada por la diputada Jacquelinn Jauregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
De acuerdo con el dictamen aprobado, utilizar la inflación como referencia permitiría generar un mecanismo más previsible tanto para propietarios como para personas arrendatarias.
Para los dueños de los inmuebles, el parámetro permitiría preservar el valor real de las rentas, mientras que para quienes pagan un alquiler ofrecería mayor certeza sobre el incremento que podrían enfrentar cada año.
La propuesta también plantea que la medida no pretende eliminar la libertad contractual entre las partes, sino establecer un límite objetivo para evitar aumentos desproporcionados y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de vivienda.
López Torres señaló que el objetivo es evitar que las personas que rentan una vivienda enfrenten incrementos que superen de manera significativa la evolución general de los precios.
El dictamen aprobado por la Comisión Segunda de Justicia será enviado al Pleno del Congreso del Estado, donde deberá ser discutido y, en su caso, votado para determinar si la reforma entra en vigor.





