SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 8 de enero de 2020.- Deben aprobarse reformas al Código Penal, a la Ley Electoral y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para que en los próximos procesos electorales la violencia política se castigue con mayor severidad tanto penal como administrativa y electoralmente, señaló la diputada Sonia Mendoza Díaz, vicepresidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

Puntualizó “la violencia política debe estar tipificada como delito en el Código Penal con sanciones más severas, pero, también debe castigarse administrativamente y en el ámbito electoral, de lo contrario las mujeres continuarán siendo víctimas de este tipo de violencia”.

“En anteriores campañas electorales, las mujeres candidatas fueron víctimas de violencia política, de insultos, de descalificaciones y no existieron consecuencias; por lo tanto, mientras no se sancionen severamente estas acciones las mujeres vamos a seguir siendo víctimas de violencia política”.

Sonia Mendoza Díaz, sostuvo “San Luis Potosí está preparado para que gobierne una mujer, pero, tenemos que ser solidarias y tener mayor apertura para apoyar a que sea una mujer la que gobierne nuestro estado”.

Recordó que presentó una iniciativa de modificación a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, al Código Penal del Estado, a la Ley Electoral del

Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

Propone establecer dentro de la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia órdenes de protección de naturaleza político-electoral, entre las que se encuentran el ordenar la incorporación o reincorporación de la víctima a su encargo, separar temporalmente al agresor de su encargo hasta en tanto la autoridad competente declare inexistentes los actos de violencia política denunciados; ordenar la entrega de documentos solicitados por la víctima en tiempo y forma y que le hayan sido negados sin causa justificada; y ordenar la entrega de

recursos a los que la víctima tenga derecho y no le hayan sido ministrados sin causa justificada.

Por otro lado, se pretende reformar el artículo 365 y adherir un artículo 376 del Código Penal del Estado para establecer que comete el delito de violencia política el servidor público o particular que cause a otro daño físico, psicológico, económico o sexual, en su persona, en sus bienes, en su honor, en sus derechos o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos o político-electorales.

Este delito se sancionará con tres meses a seis años de prisión y sanción pecuniaria de treinta a seiscientos días del salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la comisión de diverso delito. En caso de que el delito se cometa en agravio de una mujer, las penalidades señaladas en el párrafo anterior se aumentarán en una mitad.

En lo referente a la Ley Electoral del Estado, se propone reformar el artículo 442 a fin de dotar de competencia al Tribunal Electoral del Estado para conocer y resolver sobre casos de violencia política a través del procedimiento especial sancionador.

Asimismo, se contempla adicionar una fracción a los artículos 453, 454, 456, 457, 458 y 459, a fin de establecer como infracciones a la Ley Electoral la ejecución de actos u omisiones que constituyan violencia política o la tolerancia de esta, siendo sujetos de infracción tanto personas físicas (aspirantes, precandidatos o candidatos a un cargo de elección popular, o afiliados) como personas morales, como partidos políticos y agrupaciones políticas, los representantes o dirigentes de éstos.

Se propone también la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí e incluir que con efectos de sanción, la violencia política será considerada abuso de funciones.

“Espero que esta iniciativa sea aprobada para que en los próximos procesos electorales se sancione con mayor severidad la violencia política de forma penal, administrativa y electoralmente”, finalizó.