SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 21 de febrero de 2020.- Marcela Alicia Galarza López, presidente del Movimiento Acción Revolucionaria y Campesina (MARC), pide a diputados juicio político en contra del presidente municipal capitalino, Xavier Nava Palacios, en su carácter del presidente de la Junta de Gobierno del Interapas por omisión y complicidad con Natalia Castillo Vera, funcionaria de organismo en Soledad de Graciano Sánchez a quien acusan de fraude, amenazas e incluso de secuestro.

La mañana de este viernes, acompañada de un grupo de unas 15 personas la líder del movimiento acudió al Congreso estatal, para pedir la intervención en torno a sus exigencias, tras el presunto extravío de 113 mil 500 pesos, que habitantes de Cerro de San Pedro entregaron desde el año pasado a la delegada de Interapas para una obra de agua que beneficiaría a mil familias en la colonia Juan Manuel Carreras, pero que no se realizó.

El caso trascendió, por las acciones que sobrevinieron a las protestas y exigencias de justicia, y que desencadenaron una serie de amenazas que presuntamente lanzó la funcionaria a quien incluso acusan de secuestro exprés. “Llegaron cuatro tipos armados a mi casa, donde me mantuvieron retenida durante dos horas, junto con mi nieta de cinco años y mi esposo. Me dijeron que me fuera (de la ciudad) porque eran órdenes de una señora muy poderosa en el estado”, detalló.

Aunque acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, ésta se deslindó del conflicto al existir parentesco entre el ahora extitular, Jorge Vera Noyola y la delegada de Interapas señalada.

Se dirigieron entonces a la Fiscalía General del Estado donde interpusieron denuncia, pero ahí el expediente se perdió durante tres meses.

Debido a la serie de omisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó en agosto del año pasado al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General se le brindaran las medidas de protección a la dirigente de la organización social, pero a la fecha, nada se ha hecho.

Galarza López, manifestó que no sólo continúan los problemas de desabasto de agua en aquella zona sino también los cobros abusivos y que van de los tres a los seis mil pesos por familia.

Tampoco han cesado las amenazas. “Hago responsable al alcalde y al gobernador por cualquier cosa que me pase o a mi familia”.