La Sierra de San Miguelito podrá ser vendida a pedazos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., a 22 de julio de 2019.- La Sierra de San Miguelito corre el riesgo de ser vendida, luego que este domingo al finalizar la asamblea ordinaria en el salón comunal de San Juan de Guadalupe, se aprobó por mayoría la división de las dos mil 68 hectáreas que pertenecen al Cerro del Cerril, lo que representa el 20 por ciento del total.

Con esto se le otorgará a cada habitante la parte que le corresponde, 40 hectáreas y, una vez entregadas, cada comunero sabrá si vende o no al grupo desarrollador inmobiliario su parte de terreno.

Todo inició en punto de las 10 de la mañana, los comuneros titulares llegaron al salón y se identificaron con su título de propiedad, algunos de ellos iban como representantes de los dueños con la carta poder respectiva, pero no se les permitió el ingreso.

Cabe señalar que en el lugar había bastantes elementos de la Policía Municipal, además de vigilantes de una empresa de seguridad privada en el acceso al salón donde se realizó la asamblea, además había presencia de un grupo de comuneros que se oponían a la supuesta venta acompañados del activista Carlos Covarrubias.

Conforme pasaron las horas la tensión en el ambiente crecía, al lugar llegaban más comuneros a los que la seguridad privada les impedía el paso y alrededor de las 11 de la mañana ingresó al salón comunal un contingente de granaderos de la Policía Municipal.

Carlos Covarrubias y su grupo de activistas, junto con algunos comuneros se manifestaban mediante gritos y pancartas contra los dirigentes de la asamblea, pidiendo el ingreso de todos los involucrados, además señalaban al grupo inmobiliario de Carlos López Medina, El Chato, de manipular a las personas que se encontraban al interior del inmueble para vender sus terrenos por una mínima cantidad de dinero que afirman, no pasa de 50 centavos por metro cuadrado.

Alrededor de las 12 del día iniciaron los conatos de agresiones contra el personal de seguridad privada, activistas y comuneros golpearon e intentaron por momentos derribar las puertas, incluso llegaron a ofenderlos y amenazarlos.

Según versiones de algunos de los titulares de las tierras, ellos sí estarían dispuestos a vender su terreno pero al precio real y bien valuado, además que su interés es individual y no en conjunto como es la presunta intención del grupo desarrollador Nuevos Horizontes.

Cerca de la una de la tarde concluyó la asamblea y uno de los asistentes, Aniceto Jasso Bravo, confirmó que se llegó a un arreglo por mayoría de votos, en el cual se estableció un contrato para dividir los terrenos y entregar títulos de propiedad a cada comunero, cosa que no agradó a algunos de los habitantes y seguidores de los activistas.

Ahí mismo, el comunero Aniceto comentó que no muchos habían entendido lo que aprobaron, pero que si el resultado no les parecía, impugnaran la asamblea y por ende el acuerdo.

Finalmente, se permitió el acceso a la prensa y el comisariado de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdez García, declaró que el acuerdo al que se llegó fue por la división de terreno del Cerro del Cerril, mismo que no está dentro de la zona protegida y que solamente es una pequeña parte de la Sierra de San Miguelito.

«Cada comunero recibirá su parte, son alrededor de 40 hectáreas por habitante y después de eso cada quien sabrá si vende o no», dijo el comisariado.

Algunas otras versiones de los comuneros presentes señalaron que también se tomará parte de la comunidad de Maguey Blanco, zona que sí pertenece a lo protegido y que además los interesados, pretenden comprar a muy bajo costo.

También establecieron que los activistas encabezados por Carlos Covarrubias solamente buscan el interés propio en la comunidad de San Juan de Guadalupe, pues a decir de algunos integrantes del comisariado, Covarrubias trabajó para ellos en su momento, fungiendo como abogado y fue despedido por supuestos fraudes. Otros solamente lo ubican por estar presente en estos conflictos, pero niegan que haya trabajado con ellos.

Al final, se hicieron presentes elementos de la Policía Metropolitana, pese a que se había establecido que no asistieran por petición de los activistas a las autoridades del Gobierno del Estado.