Diputados potosinos van de escándalo en escándalo

SAN LUIS POTOSÍ, 9 de septiembre de 2019.- A casi un año de ejercicio de la LXII Legislatura de San Luis Potosí, diputados, diputadas y diversos funcionarios públicos de este poder de Estado, han sido protagonistas de diversos escándalos que han trascendido a nivel local y nacional, ya sea por temas de corrupción, irregularidades financieras y hasta tráfico de influencias.

El 14 de septiembre de 2018, tomaron protesta los representantes del pueblo, pero muchos de ellos en lugar de velar por los intereses de la ciudadanía, se han dedicado a ser burla y vergüenza de sus mandantes.

Uno de los primeros señalamientos de esta Legislatura es tener dos diputados que han ocupado cuatro veces una curul por la vía plurinominal: Óscar Vera Fábregat, del partido estatal Conciencia Popular y Eugenio Guadalupe Govea Arcos, del Movimiento Ciudadano. Este hecho, fue criticado por diversos sectores de la sociedad, en razón de que aprovechan su posición como dirigentes estatales de sus respectivos institutos políticos, para llegar a la diputación.

QUE SE IBAN A BAJAR EL SUELDO

Otro tema bastante criticado ha sido la promesa incumplida de campaña de quienes integran la Coalición Juntos Haremos Historia, de bajarse el sueldo a la mitad y renunciar al seguro de gastos médicos mayores. A la fecha, cada diputado gana poco más de 105 mil pesos y sigue disfrutando de atención de primer mundo con cargo al erario.

En el marco del trabajo que realiza el Congreso, organizaciones de la sociedad civil han dado seguimiento de las inconsistencias, tal como exhibe Ciudadanos Observando que condenó el nombramiento de Jesús Conde Mejía como Contralor Interno del Congreso, dado su historial de irregularidades como exsecretario de Finanzas en tiempos del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Toranzo Fernández. No obstante, debido a la presión ciudadana por ese nombramiento, el propio Conde presentó su renuncia al cargo.

En materia administrativa, también destacó la destitución de la Oficial Mayor, Marcelina Oviedo, que desató varias protestas y grescas en sesiones plenarias luego que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) promoviera su salida argumentado pérdida de confianza, a lo cual, la exfuncionaria reviró asegurando que la destituyeron por no ser cómplice de triquiñuelas de los diputados.

MANOSEOS Y ORDEÑAS

En temas de violencia de género, en enero de este año, una exasesora del diputado del partido Encuentro Social, Mario Lárraga Delgado, denunció que el legislador incurrió en acoso sexual y laboral, además que su propia compañera diputada, Paola Arreola Nieto, lo señaló de haberse querido propasar con ella, tocándole las piernas en una reunión, lo cual fue negado por el diputado.

Recientemente, otra exasesora denunció al diputado, pero ahora por quitarle más de la mitad de su sueldo. La afectada refirió que Lárraga Delgado le daba 10 mil 600 pesos de los 25 mil que se le depositaban del Congreso del Estado en su nómina y el resto lo tenía que devolver.

En la misma línea, Paul Ibarra Collazo, activista y exasesor de la diputada de Morena, Alejandra Valdés Martínez, denunció públicamente el mes pasado a la legisladora por haberle exigido una parte de su sueldo, para lo cual mostró depósitos bancarios por diversas sumas que le hizo llegar, pero ella negó tales acusaciones y aseguró que le cobró una deuda.

Otro exabrupto que se suscitó en el Congreso, en materia de violencia de género fue el comentario que en octubre del año pasado lanzó en plena sesión parlamentaria el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, a la legisladora del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez: «Quisiera fuera hombre para partirse la madre en esa tribuna».

MIJIS, PUNTO Y APARTE

Por su parte, el diputado más polémico de esta legislatura, (y quizás del país, por sus antecedentes como chavo banda), Pedro César Carrizales Becerra El Mijis, también ha protagonizado escenas non gratas durante el primer año de ejercicio legislativo: primero cuando en mayo de este año evitó con presunta prepotencia y abuso de autoridad el desalojo judicial de un bien inmueble en contra de su excuñada en la Unidad Habitacional Manuel José Othón de la capital potosina.

Menos de un mes después, en las elecciones de este año en Aguascalientes, fue detenido por su presunta participación en una riña que se suscitó mientras denunciaba de manera particular la compra de votos en esos comicios, pero para acudir al estado vecino, Carrizales Becerra, habría utilizado ilegalmente un vehículo oficial del Congreso del Estado, tema que hasta el momento no se ha resuelto.

Otro escándalo que envolvió al Mijis, fue un atentado del que presuntamente fue víctima en el fraccionamiento Olinda de la Delegación Villa de Pozos, en el mes de febrero de este año. Las circunstancias del presunto ataque a balazos a la fecha siguen siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

PINEDA, A SALVO

Para la organización Ciudadanos Observando, otro pasaje deplorable fue el fallido juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, promovido por el diputado Edgardo Hernández, pero desechado por el resto de quienes integraron la comisión jurisdiccional: Paola Arreola Nieto, como Presidenta; Ricardo Villarreal Loo como Vicepresidente y Laura Patricia Silva Celis, como Secretaria.

«Fue un verdadero circo para al final de cuentas no hacer nada, primero lo aprobaron, le iban a dar luz verde y minutos antes de votarlo todo se arregla, se acuerda y se acaba», criticó el vocero de la organización, Guadalupe González Covarrubias.

ASESORES DE LUJO

En el tema de los asesores, trascendió en recientes fechas la voracidad de Guillermo Balderas Reyes y José Eduardo González Sierra, asesores de la Jucopo presidida por el morenista Edson Quintanar Sánchez.

Ambos llegaron a cobrar ilegalmente 68 mil pesos, presuntamente apoyados por la coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán, quien ya fue denunciada ante la Contraloría Interna del Congreso del Estado.

Ciudadanos Observando dio a conocer la lista de 137 asesores, cuyos salarios suman un total de tres millones 516 mil pesos con 28 centavos, lo que da un promedio de 25 mil 666 pesos por cada asesor y más del doble del presupuesto que utilizaba la Legislatura pasada.

La organización denunció que la mayoría de ellos se dedican solo a seguir a los diputados, cargarles sus pertenencias, manejar sus vehículos y llevarles café.