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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 27 de Julio de 2019.- Por torturar a un detenido en diciembre de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Zaragoza.
El organismo emitió la recomendación 15/2019 bajo el expediente 3VQU-A028/2019, contra la dependencia antes citada.
La información proporcionada indica que el 22 de enero de 2019, la CEDH inició queja de oficio por posibles violaciones a los derechos humanos de un detenido, en relación a una videograbación en la que se observaron actos de maltrato contra una persona del sexo masculino, atribuibles a elementos de la Policía Municipal de Zaragoza.
Detalla que el 24 de diciembre del 2018, cuando elementos de la Policía Municipal detuvieron a la persona, la mantuvieron dos días en las celdas preventivas de Zaragoza, y que policías municipales le colocaron una bolsa sobre su rostro al mismo tiempo que le pegaron con un bate en el estómago y puñetazos en el cuerpo, antes de obtener su libertad el 25 de diciembre de 2018.
«Con relación a los hechos, el detenido manifestó que el 24 de diciembre de 2018 aproximadamente a las 9 o 10 horas de la mañana, que caminaba sobre la calle de 16 de septiembre cuando de pronto una camioneta de la Policía Municipal se acercó a él y descendieron elementos policiales, quienes lo subieron a la patrulla trasladándolo a la Comandancia Municipal, donde lo pasaron a la oficina, empezaron a preguntarle en dónde había dejado la herramienta, lo hincaron, un elemento de la Policía Municipal intentó colocarle una bolsa en la cabeza , le propinaron un golpe en el estómago con el puño cerrado, posteriormente lo levantaron y llevaron a las celdas en donde le bajaron el pantalón y pegaron con un bate en las nalgas además de golpearlo en diversas partes del cuerpo», desglosa el documento.
Por lo expuesto, apunta, la Comisión Estatal observa que existen elementos suficientes para acreditar la tortura por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zaragoza, quedando evidencia del ejercicio abusivo de poder por parte de policías que actuaron en su carácter de servidores públicos, y que la víctima estaba en situación de desventaja.
Pidió que los hechos sean investigados de manera efectiva para que en su oportunidad se determine la responsabilidad en la que incurrieron y que el caso no quede impune.