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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de junio de 2019.- Seis exdiputados de la pasada Legislatura, a quienes la Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió observaciones por 349 mil pesos que nunca fueron solventadas, se niegan a devolver el recurso que presuntamente desviaron a través de apoyos sociales utilizando empresas fantasma.
Ante la falta de seguimiento por parte de la ASE y del propio Congreso del Estado y por no interponer las denuncias penales correspondientes, la organización Ciudadanos Observando prepara una protesta al exterior del órgano fiscalizador.
El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González detalló que hace un año un grupo de exdiputados tuvo que devolver dinero observado por la ASE, en relación a las ayudas sociales que fueron falseadas y justificadas mediante el uso de empresas fantasmas la cuales, explicó, fueron denunciadas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, el alcalde de Matehuala Alejandro Segovia (del partido Verde), el expanista Enrique Flores y creador de la llamada ecuación corrupta, José Belmarez del PT, Ricardo García Melo y Guillermina Morquecho de Nueva Alianza y Jorge Díaz Salinas del PAN, se niegan a devolver el recurso.
«Entraron en plena rebeldía y ante la complicidad de los actuales diputados que integran la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior del Estado nunca se puso la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que el plazo para solventar las observaciones caducó desde hace un año».
Los ex representantes populares, junto con la mayoría de los legisladores de la pasada administración, ejecutaron un desvío millonario a través de empresas fantasmas, insistió José Guadalupe González. Y ni esas «módicas» cantidades observadas pueden regresar, dijo.
«Si la ciudadanía no exige la aplicación de la ley a este grupo de exdiputados que desvió recursos públicos usando a gente en estado de pobreza, si estos aberrantes actos no nos indignan, entonces nos estamos convirtiendo en cómplices involuntarios», consideró el activista.
La ASE y la Comisión de Vigilancia de la actual Legislatura que encabeza la diputada Marite Hernández Correa tienen que poner las denuncias penales de manera inmediata, lo cual debió suceder desde mucho tiempo, concluyó.