Palestra

Tendrán sus razones, pero éstas son de carácter incierto y no traen consigo ningún beneficio social aparente.

Nos referimos a los diputados del Congreso del Estado que están dispuestos a extender los horarios para la venta de alcohol en negocios, incluidas las tienditas.

Por eso, aquí anotamos los nombres de quienes integran las comisiones unidas que pretenden subir al pleno, un dictamen perjudicial para la población de todo el estado.

La primera comisión es Desarrollo Económico y Social, presidida por José Antonio Zapata Meraz (PAN), acompañado del vicepresidente Mario Lárraga Delgado (Encuentro Social), la secretaria Laura Patricia Silva Celis (PRI) y los vocales Rubén Guajardo Barrera (PAN) y Martha Barajas García (Nueva Alianza).

La segunda comisión es la de Hacienda del Estado, integrada por el presidente Ricardo Villarreal Loo, la vicepresidenta Marite Hernández Correa (Morena), el secretario Héctor Mauricio Ramírez Konishi (PRI) y los vocales María del Consuelo Carmona Salas (Morena), José Antonio Zapata Meraz (PAN), Laura Patricia Silva Celis (PRI) y Edgardo Hernández Contreras (PVEM).

Tanto el panista Zapata como la priista Silva, integran las dos comisiones.

El interés de estos legisladores en el tema, se presta a suspicacia y a corrupción, tema sin mucho avance positivo en el Gobierno del Estado y para muestra, la aparición de San Luis Potosí en la lista de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, publicada por Reforma.

Los diputados no han explicado a profundidad a la opinión pública, cuáles fueron los argumentos para modificar en este momento la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, cuando los problemas relacionados con este vicio son ingentes, principalmente, la violencia familiar, una conducta detonada por la embriaguez de los atacantes de sus esposas e hijos.

Muchas de las riñas y crímenes cometidos -el caso más sonado de los últimos tiempos: el de Cayeyo-, suceden bajo los influjos del alcohol, pero también accidentes viales, de los cuales terminan con heridos y muertos.

No hay, por donde se vea, una justificación para tomar una decisión de este tipo en el Congreso.

El que tiendas de la esquina y las de 24 horas tengan la posibilidad de vender más cerveza y vino, sin duda incrementará las ventas, pero también los conflictos para las autoridades encargadas de la seguridad pública que de por sí, no ven lo duro sino lo tupido, en el alza delictiva que acusa la zona metropolitana.

A todo esto se suma la venta clandestina de alcohol y o su pirataje, delitos que no han podido ser contenidos por corruptelas y falta de voluntad.

Quizá los legisladores estaban pasados de copas cuando propusieron esta iniciativa, muy de la mano de la Canaco y la Canirac, pero a ver cómo les va en la cruda.

Falta que el gobernador Juan Manuel Carreras López fije postura, pero de antemano sería sano que de aprobarse tal dictamen, vete el decreto, porque además parece que el Legislativo no tomó en cuenta al Ejecutivo en la elaboración de las modificaciones legales, algo muy grave, porque este último poder, es el encargado de operarlas; es decir, a Carreras le viene una bronca más de gratis.