El ejército probó en Michoacán que respeta derechos humanos

El incidente de provocación estimulado por el crimen organizado en La Huacana, Michoacán, probó que las fuerzas armadas prefieren la auto contención que el abuso de fuerza, sin necesidad de existir leyes al respecto.

El incidente en que miembros de un pelotón fueron retenidos y agredidos por habitantes azuzados por delincuentes debe tener una interpretación a favor de las fuerzas armadas. Con capacidad de respuesta mucho mayor a la agresión, la sensatez optó por respetar los derechos humanos.

Se trató de un ejemplo en el curso de una operación que debe de ser reconocido por los legisladores que cometieron muchos excesos verbales contra las fuerzas armadas y que empujaron leyes de uso de la fuerza y de derechos humanos para los militares en la Guardia Nacional, cuando los militares han probado en los hechos que actúan con profesionalismo.

La pasividad militar en el incidente en La Huacana refutó los falsos argumentos que se mencionaron en la discusión de las leyes de la Guardia Nacional. Es decir, que los militares tienen conciencia y una alta capacitación para detectar los derechos humanos y son capaces de auto control para evitar incidentes mayores.

El incidente pudo haber derivado en una tragedia; los militares no sólo tenían las armas prestas a combatir delincuentes, sino también la razón para usarlas ante una agresión, pero los mandos del pelotón se percataron que los civiles estaban azuzados y prefirieron el temple y la disciplia para evitar cualquier uso y abuso de la fuerza.

Lo menos que puede ocurrir como secuela es que los organismos de defensa de los derechos humanos reconozcan el profesionalismo de los militares frente a casos extremos y al mismo tiempo respeten la capacidad de las fuerzas armadas para dilucidar que su papel no es la represión sino el combate contra el crimen organizado en una situación de crisis de la seguridad interior.

Desde luego que pudiera ser mucho pedir una disculpa a los legisladores por la forma tan agresiva en que pusieron candados a la participación militar en labores de seguridad pública por razones de seguridad interior.

Y antes de la ley para regular el uso de la fuerza que trajo consigo en días recientes las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, los cuerpos militares tienen muy consolidado de cuando menos diez años su protocolo para control del uso de la fuerza y su reglamento anti motines, ambos definidos para evitar represiones y para facilitar negociaciones sociales y políticas.

El ejército, con su despliegue de más de 60 mil efectivos en labores de apoyo a la seguridad interior en grado superior por el desbordamiento de la inseguridad pública, no necesitó de una ley que tenía apenas horas de ser aprobada, pues no sólo han tenido capacitación propia para el uso de la fuerza, sino que la Secretaría de la Defensa Nacional fue la primera institución castrense en crear una Dirección General de Derechos Humanos, en capacitar a mandos y tropa en la materia de respeto a las garantías civiles y a la protesta social y al participar en operaciones contra el crimen organizado con una cartilla propia con los mandatos de los derechos humanos.

Lo que queda por analizar son las razones de que poblaciones hayan preferido ponerse al lado de los cárteles del crimen organizado y sean capaces de confrontar a las fuerzas armadas tratando de provocar una masacre. Si los soldados tenían la posibilidad de usar la fuerza contra la población no sólo agresiva sino violenta, la decisión de resistir la fuerza fue una de las decisiones más complejas en la disciplina castrense.

Pero la decisión de no responder con la fuerza a las agresiones de habitantes de La Huacana, Michoacán, mostró la forma en que el ejército está capacitado para el uso racional de la fuerza por entrenamiento que viene desde los años noventa. En todo caso, la agresividad de los habitantes del municipio fue producto del fracaso de la política, de la incapacidad de las autoridades municipales y del error estratégico en el sexenio de Felipe Calderón de permitir las guardias comunitarias armadas que se han puesto al servicio de los delincuentes.

Y queda la absurda declaración del ex presidente Calderón de solicitar que se le permita al ejército responder con violencia a los ataques, porque no hizo más que demostrar que Calderón carecía de sensibilidad de Estado para usar al ejército en labores de seguridad interior y que no sabe mas que usar la fuerza para responder a la fuerza. Si los militares hubieren respondido con las armadas, la represión hubiera sido mayor. En la formación castrense enseñan a usar la fuerza, pero también a dilucidar si el adversario es un grupo criminal que los ataca con armas o grupos civiles azuzados.

Lo ocurrido en La Huacana, Michoacán, probó que el ejército no necesita de regaños ni de suspicacias ni de leyes coercitivas porque su actuación está auto controlada para determinar si sus adversarios son criminales o una sociedad desorientada, Los militares en La Huacana prefinieron la pasividad y la ofensa en su contra, que el uso de la fuerza contra la población civil.

Política para dummies: La política se prueba en su mejor expresión ante tensiones violentas.

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