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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de noviembre de 2026.- Una presunta red de nepotismo que alcanzaría posiciones estratégicas en Interapas y el Ayuntamiento de San Luis Potosí fue denunciada por el empresario pipero Gerardo Villarreal, quien señaló que familiares de Bertha Estela Arriaga Márquez, presidenta del DIF Municipal y esposa del alcalde Enrique Galindo Ceballos, ocupan cargos dentro de ambas instituciones y estarían relacionados con operaciones de suministro de agua mediante pipas.
Entre los señalados identificó a Alejandro Gallegos, Alejandro Terán y Brenda Irelia Arriaga Aguilar (directora de Comercio de Interapas, sin cumplir con título universitario) los primeros son sobrinos políticos, mientras que Brenda es hija de un hermano de Estela Arriaga.
Sobre estos tres personajes, abundó que se han documentado compras de viviendas en Villa Magna, camionetas valuadas en casi 1.5 millones de pesos y un cambio de vida inexplicable con recursos adquiridos de manera irregular.
Villarreal también expuso presuntos vínculos de otros integrantes de la familia política con la estructura administrativa municipal, entre ellos un hermano de Alejandro Terán de nombre Daniel Terán, quien se encuentra incorporado a la nómina de la delegación La Pila.
El denunciante fue más allá al señalar que uno de los familiares habría fungido como prestanombres en operaciones relacionadas con el negocio de las pipas, acusación que, de confirmarse, abriría interrogantes sobre posibles conflictos de interés y el uso de relaciones familiares para intervenir en la contratación de servicios públicos.
Los señalamientos alcanzan también la asignación de contratos para el suministro de agua. Villarreal sostuvo que, después de prestar el servicio durante 10 meses en el primer trienio de la administración municipal, la operación correspondiente a los 26 meses restantes fue adjudicada a un contratista de apellido Rosillo, a quien identificó como esposo de una nieta del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga.
De acuerdo con su denuncia, por ese servicio se habrían erogado alrededor de 260 millones de pesos, una cifra que contrasta con los aproximadamente 1.9 millones de pesos mensuales que percibía el grupo de proveedores al que pertenecía, frente a los casi 10 millones de pesos mensuales que atribuyó al nuevo contratista.
A este señalamiento se suma un adeudo de 780 mil pesos que, aseguró, permanece pendiente desde 2022 y corresponde a trabajadores que fueron incorporados al servicio por él y su socio.
Villarreal pidió la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para revisar los contratos, los montos pagados y el destino de los recursos públicos, además de esclarecer si existieron condiciones de privilegio o conflictos de interés en las adjudicaciones.
El empresario también cuestionó la cercanía del alcalde con integrantes de la familia De los Santos y denunció presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios de Interapas. Entre ellos mencionó a Ángel de la Vega Pineda, director de Comercio, a quien atribuyó cobros indebidos y un supuesto enriquecimiento inexplicable. Como parte de sus acusaciones, afirmó que habría adquirido una residencia valuada en aproximadamente 30 millones de pesos y vehículos de lujo en el fraccionamiento Sierra Azul.
Finalmente, Villarreal manifestó temor por su integridad física y solicitó protección. También pidió que las autoridades fiscalizadoras investiguen los señalamientos y determinen si los vínculos familiares denunciados tuvieron alguna incidencia en el manejo de contratos y recursos públicos.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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