Preparativos para una amenaza llamada Trump
Dos días después que la catedral de Notre Dame paralizó al mundo al ser consumida por un incendio, la Sierra de San Miguelito le hizo segunda y a partir de entonces, no ha parado. Ya son 24 días desde aquel 17 de abril. El siniestro más largo del estado durante el año y probablemente uno de los más longevos de su historia, en un pulmón natural con poblaciones humanas hace 30 mil años, cuando San Luis Potosí tenía mamuts.
La riqueza de esta sierra está contenida en el decreto del 20 de septiembre de 2018, expedido por el gobernador Juan Manuel Carreras López, donde a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Plan de San Luis, dio a conocer su categoría de Área Natural Protegida de Competencia Estatal con el carácter de Reserva Estatal. Sus 12 mil 613 hectáreas alcanzaron este estatus y se supone, aplica para toda su extensión en la capital y los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Mexquitic, que también abarca.
Son varios y sustanciales los compromisos adquiridos por el gobierno carrerista y los subsecuentes, con este decreto. Pero, en primer lugar, la administración del área natural protegida corresponde a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Y hoy, a 24 días de estar en llamas, Yvett Salazar Torres no aparece. ¿Bajo qué argumentos Carreras la designó y por qué no le ha exigido cuentas?
Tienen su propia responsabilidad los municipios por donde pasa la sierra, los ejidos, las comunidades agrarias, los pueblos indígenas, los grupos y organizaciones sociales y empresariales, universidades, centros de educación e investigación «y demás personas físicas o morales interesadas», según el decreto. O sea, medio mundo, aunque de todos no se hace uno. En verdad es muy difícil creer que Salazar Torres haya movido siquiera un dedo para llevar a cabo todas estas tareas y menos los “protectores” de esta sierra.
El decreto es rico en buenas intenciones, pero ninguna, que se sepa, se ha concretado. Y omisiones de este tipo, así como están las cosas, ya merecen un manotazo en la mesa, porque esto es un desorden. A tal punto hay omisión, que debía prepararse un Plan de Manejo a más tardar seis meses después de la orden ejecutiva, sólo que nadie conoce ni una coma.
Por eso lo que hoy ocurre en San Miguelito es una desgracia y razones hay muchas, porque no se sabe cómo comenzó el siniestro, de dónde a dónde abarca, por qué estaba apagado en un 98% y luego bajó a 90%, por qué ya no ayudaron los helicópteros de la Sedena ni la Policía Federal, qué tanto ha contaminado el de por sí contaminado aire de la capital, las consecuencias en la salud de los brigadistas que respiran el humo así como los habitantes de las cercanías, la vegetación destruida -mucha de ella bosques enteros de pino y encino-, la cantidad de águilas y peces muertos, los impactos que tendrá a futuro en la captación de lluvia para abastecer las presas y los mantos acuíferos, y hasta las repercusiones en la temperatura ambiental.
Todo eso quedó en manos de Yvette Salazar por órdenes del Gobernador.
O sea, hay responsables.