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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 7 de marzo de 2019.- Sobre las quejas que han interpuesto jueces del Poder Judicial del Estado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por presunta violencia institucional y discriminación, el Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, Juan Paulo Almazán Cué, reiteró que las decisiones de removerlos de sus cargos, no nos tomadas unilateralmente por él, sino por el órgano colegiado.
Almazán Cué refirió que el Poder Judicial tiene un Órgano de Disciplina y Vigilancia, el cual es presidido por él, pero que las decisiones que se toman respecto a algunos jueces, incluyendo constantes cambios de adscripción, son tomadas por el órgano de disciplina y por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
«Yo no voy a frenar el trabajo junto con mis compañeros consejeros de lo que es atender a la disciplina y vigilancia del Poder Judicial. La función del Consejo no es solamente administrativa, sino también disciplinaria, y si ese es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer», expresó.
En ese tenor, y a pregunta expresa de si esos jueces que se han quejado ante la CEDH, han incurrido en indisciplina, el presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, señaló que esos son asuntos que no se dirimen en los medios de comunicación, sino en las instancias legales correspondientes.
Finalmente, el presidente del poder Judicial señaló que la única queja que le ha sido notificada formalmente por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la que presentó la magistrada Adriana Monter Guerrero, mientras que las de los jueces Emilio Ortiz Monroy y Julián Ruiz Contreras, «desconoce si realmente existen».