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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 27 de febrero de 2019.- Luego de que han transcurrido 12 días de haber interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, Juan Paulo Almazán Cué, por presunta violencia institucional en razón de género, la magistrada Adriana Monter Guerrero no ha obtenido medidas cautelares para que cese la violencia en su contra.
Por tal motivo, la magistrada acudió este martes ante a la comisión a pedir información acerca de la razón por la cual no se han emitido dichas medidas.
Monter Guerrero fue citada por el presidente del organismo, Jorge Andrés López Espinosa, pero fue atendida dos horas después de la cita, refirió la afectada, a quien le aseguraron que a la brevedad se resolverá lo relativo a las medidas.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que el presidente de la CEDH reconoció que el proceso en contra Almazán Cué, es complejo porque nunca se había atendido una queja en contra del titular del Poder Judicial.
En ese contexto, Monter Guerrero dijo sospechar que hay intromisión del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
«Me dijeron que es un caso inédito el hecho de que sea contra el titular del Poder Judicial y que al considerar que fue un órgano colegiado el que tomó la decisión de removerme del cargo no se pueden tomar algunas medidas.
Esto me parece desafortunado porque parece que se está tratando de justificar la violencia política, incluso me parece un tanto sospechoso por la respuesta del presidente», lamentó la magistrada.
Por último, la magistrada pidió que las instituciones se conduzcan conforme a derecho y dejó en claro que seguirá en la lucha por la recuperación de su magistratura y de su cargo como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia Estatal.