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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de enero de 2024.- Autoridades de seguridad federales, estatales y locales, se congregaron este martes con las instancias electorales del Instituto Nacional Electoral, presidido por Pablo Sergio Aispuro Cárdenas; acudieron también el fiscal del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras; el secretario de Seguridad Pública del estado, Guzmar González Castillo; los consejeros electorales, Paloma Blanco, Marco Iván Vargas Cuéllar y Gerardo Lomelí, Diana Mena Acero, jefa de Estación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral destacó las reuniones que ha sostenido con el Poder Ejecutivo de SLP para procurar que se garantice la seguridad de las comunidades más alejadas, siendo esto una prioridad del gobierno estatal.
Dijo que existe el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar la paz y la tranquilidad social el día 3 de junio, cuando se conozcan los primeros resultados de la elección.
El secretario de Seguridad destacó que ya trabajan las autoridades de la Guardia Civil Estatal en coordinación con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para garantizar el traslado seguro en una primera etapa del personal que realizará el procedimiento preoperativo y en una segunda etapa la jornada electoral.
La presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López, mencionó que el consejo se encuentra trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad estatal para garantizar una elección tranquila.
En la reunión se obtuvieron varias interacciones con los consejos distritales de los municipios, entre los que destacan la advertencia de la consejera del Distrito I federal, con cabecera en Matehuala, que advirtió la problemática de seguridad en los municipios vecinos con el estado de Zacatecas.
En el caso del Distrito VII federal con cabecera en el municipio de Tamazunchale, el consejero mencionó que la única problemática que se han encontrado se refiere a la retención de funcionarios electorales con la finalidad de presionar a las autoridades federales para brindar los servicios de electricidad o agua.