Buscan mayores sanciones a presos que porten dispositivos tecnológicos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de octubre del 2023.- La diputada Cinthia Segovia Colunga, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México; y, del Trabajo, presentó una iniciativa de reforma y adición al Código Penal del Estado, para sancionar la portación de dispositivos tecnológicos a personas privadas de su libertad, dentro de prisión.

Señala en su exposición de motivos, que el Estado debe adoptar medidas eficaces de seguridad para reducir la delincuencia contra las personas y sus bienes, es por ello que la prohibición de portar dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios ayudaría a reducir los delitos que se llevan a cabo a través de estos ya que, al no encontrarse definido como un delito, es más fácil su portación y al no tener consecuencias significativas se siguen efectuando conductas criminales que vulneran a la paz y seguridad de la ciudadanía.

Se indica que por ello, se propone la adición al artículo 293 QUATER al Título Décimo Cuarto, Capitulo IV del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que “comete el delito de portación de dispositivos tecnológicos, la persona privada de su libertad a la que se le encuentre posesión de aparatos tecnológicos que encuadren con la descripción del presente artículo y que no sean aquellos proporcionados por el centro penitenciario”.

La legisladora manifestó que con la presente iniciativa no se busca prohibir la comunicación de las personas privadas de su libertad con aquellos que están afuera porque de esa manera sí se estaría vulnerando un derecho. Lo que se pretende es terminar con aquellas acciones tendientes a quebrantar la seguridad ciudadana misma que ha sido afectada y vulnerada a través de actos perpetrados por aquellos que se supone están cumpliendo con una pena privativa de la libertad.

También, la iniciativa propone la reforma al artículo 31, para establecer que “la prisión consiste en la privación de la libertad personal. Su duración no será menor de un mes ni mayor a setenta años, y solo podrá imponerse una pena adicional sin que exceda el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión”.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Justicia; y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.