
Los niños que fuimos
Las cifras oficiales en los informes de gobierno federal a instancias contraloras muestran lo insostenible de las declaraciones de la Titular de CONACYT –aun sin H-, de la SEP y del mismo jefe del gobierno federal.
Veamos.
En la educación superior, para la dupla Conocimiento-Educación, CE, hay de dos: o se enseña conocimiento asimilado, ya maduro ya reciente, o se enseña conocimiento propio, obligadamente reciente.
Por ejemplo, como en otras materias, cuando se enseña cálculo en cursos elementales de ingenierías, ciencias o economía se transfiere conocimiento maduro, que ha sido asimilado por el docente, mientras que en cursos avanzados o de posgrado podría ser el caso que un profesional docente, con actividad en investigación científica, dicte cátedra e incluya conocimiento de autoría propia.
En esa realidad, dentro del ecosistema científico mexicano, resulta que el financiamiento público ha sido la principal fuente de recursos que se pueden dedicar a la generación y aplicación de conocimiento en el contexto de la dupla CE; aunque alguna universidad privada también destine recurso a la ciencia, la inversión privada en educación superior está mayormente enfocada en la impartición de clases, es decir enseñanza de conocimiento maduro, que en la generación de conocimiento propio, incluidos laboratorios y otras actividades docentes.
El hecho en el párrafo anterior es per se una debilidad del par CE por inducción de fragilidad consecuente de la dependencia casi exclusiva en el PEF; de ahí la relevancia de discutir el asunto como política pública.
Luego, las cifras informadas por el actual gobierno son como sigue.
En 2018 se destinaron 184.85 mil mdp a educación superior, mientras que en 2023 se programaron 162.7 mil mdp para este rubro; al considerar pesos constantes, es decir la inflación acumulada, la reducción presupuestaria es superior al 31%, ya que los 162.7 mil mdp equivalen a 127.1 mil mdp a precios de 2018.
Otra forma de verlo es que, para sostener el mismo presupuesto de 2018, en pesos que consideren la inflación acumulada, el presupuesto para 2023 debió ascender a 236.7 mil mdp; pero serán 162.7, de esa magnitud el impacto presupuestario público a la educación superior.
Con esa reducción presupuestaria, la universidad pública mexicana debe, entre mucho mas, sostener pensiones, mejorar su quehacer docente diario tanto como mantener y actualizar, con las uñas será, equipo e infraestructura para Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.
Es insostenible el dicho de la titular de CONACYT ante ANUIES, en el sentido que las instituciones de educación superior sean corresponsables de becar a estudiantes de posgrado; mejor que le pida a algún chamán agua de las piedras, no de veneros.
En resumen, en seis años la actual administración ha reducido en mas de 31% el presupuesto para educación superior en pesos constantes; para 2024, la reducción continuará.
Por más que el ejecutivo federal argumente finanzas responsables, es irresponsable dilapidar a la universidad pública incluida la estructura de posgrado.
Al igual que en CE dentro de educación superior, la CTI tiene su mayor financiamiento en México, enorme debilidad por frágil, en el recurso público federal.
Resulta que para el Ramo 38 del PEF, principalmente administrado por CONACYT, el proyecto para 2024 contempla una reducción que, en pesos constantes, rondará, al menos entre 4 y 5% tan sólo del 2023 al 2024.
Una cantidad relevante de colegas me han preguntado, ¿acaso la 4T quiere destruir intencionalmente la CE y la CTI?
No sé si no es intencional o será por ignorancia, tampoco qué es peor; las cifras duras entregadas por la administración actual son claras, hecho que suma perjuicio de dejar a infantes y adolescentes sin matemáticas correctas y competitivas.
Lo que sí es claro es que la argumentación oficialista no soporta sus propios informes y el contraste de cifras en sus decisiones de gobierno; ello no significa que antes estaba bien, pero sí que ahora es peor.