De ciencia ficción a realidad

AdAstra es una película (J. Gray, 2019) donde la trama de suspenso y ciencia ficción implica al protagónico en un viaje a Marte, luego de un vuelo comercial a la Luna, no es la primera vez que la fantasía evoluciona o se basa en los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; desde textos de Verne o Asimov hasta Viaje a la Luna (G. Méliès, 1902) y Gattaca (A. Niccol, 1997) entre muchas obras más.

AdAstra es sólo una película con elementos de fantasía, pero resulta que la realidad se concreta en misiones como Artemise (https://www.nasa.gov/specials/artemis/) y otros esfuerzos en diferentes países, de capital privado y público, en la cuales se busca establecer una estación humana en la Luna para diversos fines (desde la explotación de recursos lunares hasta plataforma de lanzamiento en misiones hacia el sistema solar, incluido Marte).

Los programas espaciales resultan en diversos desarrollos tecnológicos, pero no sólo eso, sino que permiten explorar preguntas científicas esenciales en el conocimiento humano.

A fin de que México tenga desarrollo en CTI espacial, se requiere una norma apropiada para su fomento.

Por ello es propaganda barata el hecho que en diciembre de 2022 la fracción oficialista haya anunciado el respaldo al desarrollo de tecnología espacial (http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/morena-respalda-propuesta-de-katya-echazarreta-para-impulsar-desarrollo-de-tecnologia-espacial-en-mexico); toda vez que esa misma fracción cerró filas, lo sigue haciendo, con la titular del CONACYT y su reforma a la ley en materia de CTI.

El encubrimiento legislativo a la reforma oficialista y antiprogresista en CTI y el anunciado impulso a la tecnología espacial, conforman una contradicción mas del esquizoide legislativo oficial.

Veamos.

Primero, no omitamos recordar la inconformidad de la comunidad en CTI ante la reforma en esa materia, de constancia pública, y diversas solicitudes de comparecencia ante los órganos legislativos por actos y decisiones del CONACYT, cuando la titular de ese consejo menospreció al poder legislativo “por razones de agenda” y tras lo cual sólo se reunió la bancada oficial misma.

Después, el legislativo oficialista incumplió con el número de reuniones en parlamento abierto y, mediante deseado procedimiento, sucedió la aprobación que funda el recurso jurídico que suspende a la indebidamente procesada ley.

Así, por una parte, la jurídicamente recurrida reforma de ley en materia de CTI implica que sólo aquello en lo que defina CONACYT como prioridad habrá inversión y gasto público; sobre lo cual la titular del CONACYT ha declarado que la investigación espacial no ha traído ningún beneficio social, que debemos retomar el conocimiento de pueblos originarios en su lugar.

Por otra parte, desde la Cámara de Diputados se anuncia el impulso a la tecnología espacial sin correspondencia alguna en el ordenamiento que el oficialismo ha protegido e indebidamente aprobado para que se decrete como ley de carácter general.

El desarrollo de la tecnología espacial requiere una ley en CTI sólida y progresista, tanto como recursos financieros y programas de largo plazo; está el ejemplo del telescopio espacial James Webb, suya fabricación duró lustros y alcanzó un presupuesto, hasta antes del lanzamiento, de 8,000 millones de dólares; unos 140 mil mdp, a tipo de cambio de 17.5.

El contexto de la recurrida ley general en CTI y la realidad del presupuesto histórico para el Ramo 38 en el PEF de cada año y los venideros, tanto como el de la Agencia Espacial Mexicana, es una cubeta de agua fría para la farsa, esa sí es poliquería, del oficialismo actual.

Este espacio confía en no provocar confusión, sí hace falta un programa espacial serio en México, éste debe tener correspondencia en la normatividad en materia de CTI, hace falta financiamiento público y privado; para todo lo anterior debe haber cambio en la titularidad de CONACYT, situación que no sucederá en el actual sexenio.