Caso Genaro aquí y allá: el poder del narco y del crimen organizado

Aunque no se configuran todavía las condiciones para señalar que México es un narcoestado, el juicio contra el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, Genaro García Luna, reveló el poder político creciente de los cárteles del narco y su configuración trasnacional.

La estrategia del presidente Obama en 2011 para caracterizar a los cárteles como organizaciones criminales trasnacionales reveló sobre todo la importante presencia y expansión de las bandas del narcotráfico mexicanas dentro de Estados Unidos, pero hasta la fecha no se han asumido los mecanismos bilaterales para enfrentar a las mafias mexicanas de la droga que –según la DEA– dominan el contrabando, distribución y venta al menudeo en las calles de estupefacientes dentro del territorio norteamericano.

Los juicios en contra de narcos y exfuncionarios mexicanos que se han realizado en cortes estadounidenses –como el del Chapo y ahora el de García Luna– nunca han tenido la intención de desmantelar la red de poder criminal en los dos países, sino que la persecución se ha reducido solo a personas en lo particular y no a estructuras criminales. El Chapo Guzmán está encarcelado de por vida en Estados Unidos, su hijo Ovidio está preso en México y familiares del Mayo Zambada colaboran con autoridades americanas, pero el Cártel de Sinaloa como aparato de poder económico y criminal sigue muy campante.

Lo mismo ocurre con la casi decena de cárteles criminales en México, con las circunstancias agravantes de que varios de ellos ya no funcionan en territorio mexicano, pero siguen latentes y con fuerza creciente dentro de Estados Unidos, como Los Zetas, el los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.

La estrategia estadounidense de lucha contra el narcotráfico no busca terminar con la producción, contrabando y distribución de droga dentro de Estados Unidos, sino tan solo realiza operaciones para mantener la imagen de preocupación, pero en los hechos reales los cárteles mexicanos controlan el tráfico de drogas en EU y solo podrían hacerlo con el aval formal o la corrupción de autoridades estadounidenses.

No es ningún secreto el hecho de que Estados Unidos necesita el flujo de droga para alimentar las necesidades de los casi 35 millones de adictos registrados y muchos otros millones de consumidores no letales ni conflictivos. En este contexto, la estrategia estadounidense –ni con el Chapo ni con García Luna– no busca desmantelar de manera total la estructura del narcotráfico en su país.

Las advertencias agresivas de la DEA contra países que producen drogas nunca han tenido referencias locales dentro de Estados Unidos contra gobiernos y gobernantes americanos que agotan su estrategia antidrogas solo en la atención de adictos, pero en los hechos la agencia estadounidense no ha disminuido en nada el flujo de la droga que entra de contrabando a EU y se distribuye con facilidad en los 50 estados americanos, a pesar, por ejemplo, de los 200,000 muertos por sobredosis de fentanilo en los últimos dos años.

La crisis del narcotráfico en México comenzó en 1969 cuando el gobierno del presidente Nixon decretó la Operación Intercepción para revisar auto por auto en la frontera californiana en busca de traficantes de marihuana, pero en los años posteriores la estrategia militar estadounidense encontró en la zona de Sinaloa la producción de droga suficiente para atender las necesidades de los soldados en Vietnam.

Si bien todavía no se cumplen las características para señalar al Estado mexicano como un narcoestado, sí existen las condiciones que han revelado un auge de la producción y tráfico de drogas desde 1969, con casos de funcionarios y jefes policiacos que fueron revelados como cómplices de los cárteles, sin que los diferentes gobiernos tomaran cartas en el asunto. En todo caso, si pudiera existir la circunstancia para caracterizar la fase de narcopolítica, un paso previo a la configuración de un narcoestado: con la pasividad e ineficiencia del Instituto Nacional Electoral, en 2021 se revelaron indicios de participación criminal en campañas políticas para beneficiar a candidatos de los diferentes partidos.

El juicio contra el secretario calderonista de Seguridad Pública no encontró en el espacio mexicano de seguridad ninguna iniciativa para investigar a García Luna a partir de los señalamientos en la corte de Brooklyn de que un miembro del gabinete presidencial habría pactado con el narco.