Energía y agroecología

La sostenibilidad tiene facturas pendientes; la suficiencia energética y alimentaria deben ser satisfechas en conjunto con el cuidado medioambiental y ecosistémico hacia el crecimiento sustentable de largo plazo.

Sin duda son retos de la humanidad, tanto que la COP27, una vez mas, arroja promesas relevantes; la dificultad es el cumplimiento que resuelva el compromiso entre la dupla energía y agroproducción con la de medioambiente y ecosistemas.

La administración federal mexicana asegura preocupación medioambiental ante los requerimientos energéticos, tanto en uso de carbón mineral y petrolíferos como en generación y distribución de electricidad, pero, en contraposición, sus actos ponen en duda la credibilidad de su palabra y en riesgo sanciones comerciales.

En el mismo sentido contradictorio, México, por decreto, prohíbe el uso de agroquímicos, en específico glifosfato, pero no se establecen estudios oportunos ni transiciones claras para solventar la seguridad alimentaria en algún plazo.

CONACYT, en un comunicado fechado el 11 de noviembre, asegura que financia investigación para la transición agroecológica: ¨Conacyt ha apoyado más de 60 proyectos de investigación e incidencia en 25 estados de la República que atienden cultivos con mayor uso de esta sustancia altamente peligrosa, que amenaza la salud de las personas y los ecosistemas¨, dice el escrito.

No obstante, no dice cuáles son los objetivos, metas y alcances de cada proyecto ni los montos de esos proyectos ni en qué estados y cultivos se concentran las investigaciones que asegura estar financiando, tampoco marca referencia alguna hacia sitio o reservorio digital.

Otra ausencia de información se relaciona a la convocatoria que atendió esa demanda específica o si fueron asignaciones directas sin un llamado abierto a expertos en el tema.

Estas inquietudes sobre los montos de financiamiento, lugares y cultivos objeto de la supuesta investigación, grupos de expertos, alcances científico-tecnológicos y otros mas deberían ser esclarecidos, como está actualmente, dada la opacidad característica de CONACYT, sólo se presta a dudas en la política pública para Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, y su intersección con la política agroalimentaria.

Otro asunto es el siguiente: Ahora que para fines prácticos el sexenio está por terminar, ya que se ha adelantado desproporcionadamente el proceso sucesorio, y con decretos en mano, muy al estilo cuatroteísta, se pretende que haya una base científica para tomar decisiones.

La decisión ya estaba tomada como lo demuestra el decreto, es decir, no ha habido ni planeación ni estructura basada en resultados que arroje la CTI para esta clase de decisiones; es una justificación posterior a actos de autoridad concretados.

Esta contribución no busca favorecer la eliminación absoluta y repentina del uso de carbón mineral y petrolíferos; tampoco en sostener irracionalmente el uso de glifosfato.

El foco de atención está en que la administración federal actual, en específico en materia de CTI, como en todas las demás, tiran y después averiguan.

CONACYT asegura financiar proyectos científico-tecnológicos en disciplinas de conocimiento que requieren varios lustros para arrojar resultados sólidos cuando el sexenio está por terminar y cuando, además, no hay certeza sobre qué pasará con la continuidad de esas investigaciones que ahora lucen opacas.

De lo que sí se trata es de buscar una transición energética y alimentaria sostenible con base en una planeación clara; o sea que primero son los estudios e investigaciones científicas y luego las intervenciones por decretos y negociaciones comerciales.

El caso de maíz transgénico ilustra: ¿qué tienen planeado al cerrar la frontera al maíz transgénico y cómo se solventará, de corto y largo plazo, la necesidad de alimento de humanos y ganado?

Cuando haya resultados en CTI, con las salvedades y dudas presentadas arriba, podremos estar en crisis alimentaria o energética originada por un CONACYT irracional.