Fin a la improvisación y al 90 por ciento de lealtad
Profesionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, han logrado claridad reciente en el sentido que un país con libertades sociales y ejercicio pleno de derechos ciudadanos es el marco apropiado para ejercer la generación y aplicación del conocimiento.
Ello significa que el quehacer diario no queda atado a una agenda impuesta por el estado, sino que se dan opciones a la coexistencia de una agenda de estado en conjunto con la de particulares; por particulares debemos entender a los intereses genuinos de generación de conocimiento y, además, la posible inversión privada hacia la tecnología e innovación.
Sólo en esa coexistencia el estado puede privilegiar la CTI mandatada en la ley sin dejar de incentivar la ciencia básica o estimular, mediante programas de interés público, a la inversión privada; es la traza de un ecosistema científico-tecnológico.
En caso contrario, lo que indubitablemente sucede es la indeseable imposición de una agenda de estado en quehaceres y saberes de la CTI; de hecho, el conocimiento actual de la humanidad permite asegurar que ocurre extinción cuando un ecosistema, de cualquier índole, tiene una única forma y vector de existencia.
Es decir, la diversidad en las componentes y vectores de un ecosistema le proveen robustez y evitan su fragilidad; hecho que se implica y correlaciona directamente, en términos de CTI, con el ejercicio de las libertades sociales y los derechos ciudadanos.
En este sentido, aunque en un papel del ejercicio de la ciudadanía mas que como profesionales de la CTI, es que personas dedicadas a la ciencia han sido muy activas en llamar a la marcha en favor del INE, el domingo 13 de noviembre.
Así, el hecho toma un salto cuántico, es decir cambia de estado para este sector de la sociedad y añade elementos que han desconcentrado a Palacio Nacional; al grado de la ira tal que ha llevado a Huey Tlatoani hacia la descalificación de las inquietudes ciudadanas.
Esto me llevó a detenerme en la reflexión siguiente, ¿por qué, si tiene la fuerza del estado y hay una franca pre-campaña, violatoria de ley, está el habitante de palacio irascible?
La reflexión me ha dirigido a diferentes brechas de pensamiento, aquí comparto una que ha resultado de cuentas simples.
Recordemos que en 2018 fueron, números redondos, 30 millones de votos a favor de Huey Tlatoani, el padrón electoral contaba con 86 millones de electores, pero sólo fueron válidos el 63.4%, así que obtuvo el 53% de la votación.
Luego me remito a las elecciones de 2021 y los ejercicios de encuestas en este sexenio, no es descabellado si consideramos entre 12 y 15 millones el voto duro del instituto político que llevó a Huey Tlatoani a Palacio Nacional; ahí el número base con el que podemos suponer que llegan al 2024.
Ahora, para el 2024 se proyectan mas de 90 millones de electores, con una posible votación, entre 60 y 70% del padrón electoral; supongamos que sea el 65%, cifra cercana a la votación histórica mas abundante y a la de 2018; eso nos arroja, con una base de 90 millones de votantes, 58.5 millones de votos, por ahí andará la cosa.
Luego entonces, llegar con 15 millones de votos impone que se requerirán muchos millones para asegurar la elección federal al 2024; lo que no es sencillo de alcanzar, aun con los programas clientelares, en un contexto que incluye: (i) falta de recurso público, ya se lo acabaron, (ii) fuerte presión por sus relaciones con grupos de actividad ilegal de preocupación internacional, y (iii) una sociedad activa que se conforma de, al menos, tres componentes: detracción política, desilusión de sus electores y quienes han abandonado la pasividad.
Si el día D, ese de la elección, llegan con 15 millones de votos, consigue la compra de otros 10 millones, gran reto aun para la ilegal acción, y hubiera 58.5 millones de votos, entonces aun no tiene asegurada la elección.
Ahí la ira en Palacio, aún falta que la oposición no desilusione a la sociedad, que haya un gobierno de coalición sin fractura en el intento.