No es el INE, sino la estructura político-burocrática que lo controla

Los actuales ejecutivos del Instituto Nacional Electoral están creando un discurso y una narrativa de defensa del organismo como si alguien tuviera la idea de destruir la democracia y regresar a los tiempos del PRI de Carlos Salinas de Gortari o de Vicente Fox Quesada, cuando dos fraudes electorales impidieron la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y de Andrés Manuel López obrador en 2006.

El INE ha utilizado recursos públicos para construir una argumentación que revela que el populismo de López Obrador quiere destruir la democracia, aunque una situación paradójica de que, con todo y los señalamientos, el presidente y su partido están cumpliendo con todos los requisitos de la democracia actual para modificar la estructura del sistema político, pero manteniendo el régimen de representación popular del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

La Comisión Federal Electoral de 1988, el Instituto Federal Electoral de 1994 y el IFE del 2006 se confabularon, bajo el mando autoritario del PRI y la complicidad del PAN, para imponer la victoria electoral de Salinas, de Zedillo y de Calderón, a pesar de evidencias muy concretas de irregularidades y fraudes que nunca fueron corregidos por la autoridad electoral ya en fase de presunta autonomía de operaciones.

La actual estructura de organización interna del INE se basa en la asunción de la responsabilidad de garantizar el régimen democrático en su totalidad, aunque la función del Instituto sea solo la de responder a la organización de elecciones sin interferencias ni corruptelas de los diferentes grupos de poder. A lo largo de su existencia, más de 30 años, el IFE/INE ha estado en el centro de irregularidades electorales que han beneficiado al PRI y al PAN y afectado a la oposición de Cuauhtémoc Cárdenas en tres ocasiones y de López Obrador en dos, y todas las irregularidades fraudulentas que se denunciaron nunca fueron investigadas ni llevaron a la gran decisión que hubiera marcado el principio de autonomía absoluta del instituto: la anulación de elecciones o el retiro de registro al PRI o al PAN por irregularidades electorales.

El INE nunca ha sido autónomo y para probarlo están las evidencias de cómo se designaron por cuotas de poder a los consejeros electorales, a partir del dominio mayoritario del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados y prácticamente todos los consejeros han sido producto de cuotas de poder –yo te doy si tú me das– de esos dos partidos dominantes; en este contexto, El INE nunca ha sido ciudadano, ni autónomo, ni democrático.

Además de organizar elecciones, la gestión de Lorenzo Córdova Vianello como consejero presidente se ha centrado en la configuración de una lucha político-ideológica fuera del territorio del INE tratando de caracterizar al gobierno del presidente López Obrador como populista y de construir un discurso para denunciar que el objetivo presidencial es el de destruir la democracia para instaurar un régimen dictatorial populista.

Al interior del INE se ha creado una estructura de poder que tiene todo el control del instituto y que no quiere perderlo con el siguiente relevo de consejero presidente y de secretario ejecutivo: Ciro Murayama Rendón como el fiel escudero de Córdova y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina como el gestor del poder interno de Córdova como representante los intereses de esta pequeña casta burocrática caciquil hasta el 2026, de tal manera que Córdova maneje a trasmano las elecciones presidenciales de 2024 contra López Obrador.

El INE nació como apéndice de Gobernación en 1990, se hizo autónomo sin serlo en 1996, pasó de IFE a INE para disfrazar los acuerdos PRI-PAN con Peña Nieto para no perder el control de las elecciones y evitar que el cardenismo y el lopezobradorismo pudieran avanzar al interior del Instituto, y nadie puso el grito en el cielo de que se quería destruir al organismo electoral, aunque en el fondo, todas las reformas condujeron a la construcción de un poder político de una corriente ideológica antipopulista el cordovismo— que no quiere ir más allá de la democracia representativa tradicional y de castas y que se niega siquiera a discutir los valores de la democracia directa o deliberativa o consultiva.

En este contexto, el debate real de la reforma electoral es saber si se le va a dejar el poder político del INE al grupo Salinas-Woldenberg-Peña Nieto-Córdova-Jacobo para que siga manteniendo el control burocrático dentro del Instituto, sin modificar el modelo de consejeros electorales designados por los partidos que más tarde serían supervisados por el propio organismo electoral en un acto de tráfico de intereses.