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MORELIA, Mich., 26 de agosto de 2022.- La política pública basada en los principios de prohibir, vigilar y castigar, ha sido ineficaz para contener el cambio de uso de suelo y la tala ilegal, dada la dificultad y el alto costo que implican esas acciones para el Gobierno, sobre todo en un escenario donde no se respeta el estado de derecho.
Este modelo, burocrático y poco eficaz, tampoco ha logrado propiciar que el bosque otorgue beneficios económicos tangibles y directos a sus dueños, se reconoce en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2022.
La propuesta del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla es la de construir una política pública que más que prohibir o dificultar el aprovechamiento de bosques y selvas, oriente a sus dueños sobre el uso sostenible de los recursos forestales.
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