
Rechazan 6 millones de ciudadanos apoyar al INE para elección judicial
No debiera sorprender que los empresarios más poderosos participen de la idea de llevarla bien y en paz con el presidente López Obrador. Es igual que antes, desde Carlos Salinas de Gortari; los grandes empresarios en lo individual y en lo gremial se han sometido al gobierno en turno. La retórica antiliberal y la inclinación burocrática lopezobradorista no ha impedido el colaboracionismo de la cúpula empresarial. Las excepciones han sido singulares y sin posibilidad de articular una postura independiente del poder, no se diga crítica.
Hay miedo y ha sido exitoso en imponerlo. A través del responsable de la UIF en un reporte público, tan ilegal como equívoco, Santiago Nieto documentó la participación del Consejo Coordinador Empresarial en el financiamiento y promoción del documental sobre el populismo dentro del marco de la campaña presidencial de 2018. Nieto abusó de la confianza presidencial y aprovechó para inventar responsables que nada tenían que ver con el documental, pero que habían tenido una postura crítica cuando fue defenestrado de FEPADE. El titular de la UIF incurrió en responsabilidad penal al divulgar operaciones financieras protegidas por el secreto bancario, además de violentar la presunción de inocencia y la protección a datos personales.
Se bloquearon cuentas de importantes empresarios y sus intermediarios. También de quienes nada tenían que ver en el asunto, pero sí en los “pendientes” del titular de la UIF. Varios fueron extorsionados a través de lo que ya era práctica desde el gobierno de Peña Nieto. Abogados que intermediaban entre las autoridades y los afectados con honorarios desproporcionados simplemente para lograr el desbloqueo de cuentas, un tema a documentar por la FGR.