Omisiones sobre CTI

Conforme llegan y se van gobiernos constitucionales, así como cuando se integran los poderes legislativos, ya de la república ya de las entidades federativas, siempre se omite en los planes de desarrollo que la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, es un pilar de sostenibilidad transversal: medioambiental, económico, industrial, agropecuario, de salud, agua, etcétera.

Por ejemplo, recientemente se aprobó el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en San Luis Potosí, sobre el cual no se consultó a profesionales de la CTI para analizar las fortalezas y necesidades de ese estado y cómo la CTI podría coadyuvar a que la población ejerza el derecho a recibir los beneficios de ésta, es mandato en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No es privativo de ese estado, el Plan Nacional de Desarrollo actual muy apenas dedica unas líneas a esta materia, con violación u omisión, al menos, una más, al mandato constitucional.

De ahí, en parte, que el CONACYT proceda con actos públicos tan desaseados y así, en símil, aunque el impacto es marginal tanto como es su presencia local, el ente correspondiente que hay en cada estado y la CDMX; en casos son consejos estatales, en otras secretarías locales, así un vaticinio, por incomposición, de desastre de gobierno.

No obstante, si bien la responsabilidad recae en los citados poderes, no se pueden olvidar que la comunidad en CTI tiene participación, en justa medida, en tales omisiones; por enfrascarse en sus quehaceres cotidianos queda diminuta, pues.

La participación activa de la comunidad de CTI nacional, entera, no tiene en su radar, en su mira, el activismo para impulsar componentes de CTI en los planes de desarrollo, ni los locales ni el nacional.

Sin embargo, que los poderes legislativos y ejecutivos, en esos dos niveles de gobierno, local y federal, sean omisos es su responsabilidad, la de esos actores, no se pueden escudar en el desconocimiento o lejanía de la comunidad CTI ya que los mandatos de ley son claros.

En toda la república hay algún ente, incluso su ley local correspondiente en educación o ciencia y tecnología, y deberían llamar y consultar a la comunidad en CTI, inclusive mediado a quien mas confianza le tengan si sintieran amenaza.

Es el caso que, invariablemente, desde que reciben la constancia de mayoría y salvan los procesos judiciales poselectorales, ya están pensando en la continuidad, en el siguiente proceso electoral; no así en propiciar políticas públicas de impacto y sostenibilidad en cada entidad o nuestra república federada entera.

Consolidar la CTI, y sus beneficios sociales, es de proyección transexenal, -obviamente también transtrienal; se apunta en relación a la componente legislativa-; en consecuencia, el impacto en votos futuros se desvalora, hasta que desde las instituciones se levanta la cabeza del escritorio y mesa de laboratorios para propiciar un activismo difícil de refutar.

No hay necesidad de irrupciones si le quedara claro a cada autoridad pública que hay obligación de ley con alcances específicos; ello se logra si quienes conforman cada comisión legislativa involucrase a asesores de la comunidad en CTI, más que a aliados electoreros, por lo menos en el lapso que se añade la CTI en el plan de desarrollo respectivo.

Tampoco se trata exclusivamente de pedir más recursos públicos y provocar confrontaciones con otras necesidades de interés público.

No olvidemos que el mandato constitucional se refiere al PIB; luego, entonces, también se podrían impulsar políticas públicas para la inversión privada.

Pero no, la ignominia por ignorancia de los poderes públicos se consolida cada sexenio y trienio.

Ya con trienios en mente, guardadas las proporciones normativas y presupuestales, en el tercer nivel de gobierno, el de los ayuntamientos, también hay la omisión de incorporar esta componente vital para el desarrollo sostenible de una sociedad entera.

Preguntar no empobrece, omitir sí; en contexto global, mas vale generar riqueza.