PECITI al 2024

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente ordena la elaboración y ejecución del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECITI; alineado al Plan Nacional de Desarrollo, PND, correspondiente.

El PND cambia cada sexenio, las modificaciones dependen de qué ideología se instale en cada gobierno federal electo, de ahí, por diseño normativo, el PECITI debe cambiar también para lograr alinearse.

Es por esta construcción normativa que la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, mexicana no puede consolidarse; es lo mejor que generaciones de profesionales de la CTI han podido hacer, lo cual es enormemente limitado por ley, ¡hágame el re-caprichoso favor!

Intrínsecamente, los mexicanos hemos limitado nuestra generación y aplicación del conocimiento, por ley, con vientos sexenales; en contradicción reconocemos en la constitución política que es un derecho recibir los beneficios de la CTI (Art. 3, párrafo 5).

La contradicción se pretende resolver al omitir, con claridad, la obligación pública de establecer o políticas para que el capital privado sea incentivado en esta materia o la obligación del estado mexicano y las entidades federativas de impulsar a la CTI.

Lo mejor es que ambas coexistieran.

Además, toda vez que la CTI requiere decenios para alcanzar avances importantes, el impulso debe ser transexenal, otra cosa es resolver urgencias y emergencias. 

Lo anterior, o cualquier otra reflexión seria, lleva, invariablemente, a la autonomía de los organismos rectores y ejecutores de la CTI, léase, Centro Públicos de Investigación, CPIs, e Instituciones de Educación Superior con esa vocación -notemos que la mayoría de las universidades públicas ya son autónomas, no así los CPIs e institutos sectorizados. 

La CTI mexicana está limitada por diseño normativo ya que no se da autonomía constitucional para la elaboración de políticas públicas en el tema.

Esa situación empeora cuando la ineficiencia es característica del órgano federal obligado a elaborar y ejecutar el PECITI, mediada la administración y definición de política públicas; sí, hablo de CONACYT, pero los organismos en las entidades federativas también.

Es el caso, CONACYT ha publicado el PECITI, a finales de 2021, el 28 de diciembre, como mala broma, luego de tres años de administración federal, lo que le da, a lo más, dos años y medio, en términos temporales realistas, para su posible realización y ejecución; en lo nominal el PECITI será vigente hasta 2024, pero la realidad es que desde finales de 2023 o inicios del 2024 los vientos electorales limitarán su ejecución.

Además de los tientes ideológicos, con los que uno puede estar de acuerdo o no, hay incumplimiento y las acciones asociadas al discurso político en el PECITI denotan grandes contradicciones.

Se dice que se impulsará a la CTI con intención de alcanzar la soberanía e independencia tecnológica, la selección de palabras es desafortunada por ignorar el carácter global de la CTI en generación e implementación del saber, pero, al margen de eso, a la vez, la convocatoria para la membresía al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, anuncia discontinuidad en la importante ministración de la beca.

Es decir, recordemos que las becas del SNI permiten la retención de capital humano en CTI porque los salarios son internacionalmente anticompetitivos, quienes enviaron su expediente al SNI para evaluación productiva, la ya realizada, tendrán que esperar resultados de las evaluaciones, implicándose retraso en su emolumento  o, quizá, lograr algún ingreso adicional completar el pan y sal en la mesa.

La opción segura, dada la desconfianza sembrada por el actual CONACYT mismo, sobre sí, ha sido lograr ingreso; muchos colegas, independientemente de su productividad, se han comprometido para impartir clases en instituciones adicionales de la de su adscripción de tiempo completo; el efecto directo es la reducida dedicación en CTI, habrá improductividad.

¿Acaso no es obvia la contradicción?, como ésta una pléyade; plaga, mejor dicho.