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Rómulo, baja colateral en la pugna de Américo y Cabeza de Vaca
El inicio del cuarto año de gobierno de López Obrador está marcado por nuevas evidencias de corrupción. Corrupción (o “Abuso del poder público para beneficio privado” la define el Banco Mundial) hay desde un inicio, por violar reiteradamente el Art. 134 constitucional que exige: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen (federación, estados y municipios), se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes…”.
Las compras realizadas por licitación pública alcanzaron solo el 46% en 2019, y bajaron aun más en 2020: al 40%; rompiendo record histórico en su 2º año la compra directa, en lo oscurito (por $205 mil195 millones de pesos), mayor a las contrataciones por licitación y por invitación restringida. El 2021 apunta peor.
Desde el 2015, con Peña, y ahora con AMLO el porcentaje de contratos por compra directa es mayor al 80%: IMCO-Compranet. “Casi 1 de cada 2 pesos gastados por el gobierno de AMLO fue contratado por compra directa e invitación restringida. Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla”. “La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y representa un riesgo de corrupción” (IMCO). A esto agreguemos los programas de subsidios sin reglas y sin control, y constataremos una corrupción sistémica como la exhibida ayer en la investigación “Sembrando vida y la fábrica de chocolates”.
Generador de más corrupción será el ilegal Acuerdo de AMLO del 22 de noviembre, ordenando a sus dependencias no cumplir varias leyes. Al otorgar carácter de interés público y “de seguridad nacional” a sus obras “prioritarias y estratégicas“ (Aeropuerto, tren, refinería, corredor, etc.), su Acuerdo es inconstitucional: primero, por impedir “acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”, exigidas, con la licitación pública. Además, porque impide la transparencia a la luz de la “máxima publicidad de actos gubernamentales”, y la rendición de cuentas exigidas en ley. Y se pasa por el arco permisos medioambientales, consultas a comunidades indígenas afectadas, licencias de protección civil, amparos de particulares. Violenta derechos humanos y trastoca controles constitucionales.
El presidente ordena a sus dependencias a otorgarse la autorización provisional con la simple presentación de solicitud de permisos o licencias, para “esconder los enormes problemas en la planeación de sus proyectos. Y porque los dictámenes pendientes quizá revelen que son obras que destruyen valor en lugar de crearlo.
Y que además de costos financieros, conllevan costos de oportunidad y los desnudan como son: malos proyectos de inversión. Lo que el presidente no ve es que con su decretazo está abriendo las puertas a la corrupción… En la opacidad, los ejecutores de obras tendrán abiertas las oportunidades para delinquir” (Edna Jaime, “Cuando normalizamos lo extravagante”). Al catalogar sus obras de “seguridad nacional” busca impedir que la información de éstas pueda ser conocida por cualquier interesado. El INAI ya anunció lo impugnará. En su visión populista, basta él alegue que representa directamente al pueblo para estar autorizada a hacer todo lo que se le pegue la gana. “Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”, decía. Hoy, “El presidente por encima de todo”, José Woldenberg.
La fórmula o ecuación Cartier-Bresson: Corrupción = Monopolio (+) Discrecionalidad (–) Transparencia, permite concluir que la corrupción de este gobierno ya es descomunal, y criminal. Los ciudadanos debemos actuar para prevenir, detectar, difundir, denunciar y sancionar toda opacidad y corrupción.