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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2021.- La investigación a cargo de la Fiscalía General de República (FGR) contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC podría ser la consecuencia del actuar de un organismo que pudiera haberse aprovechado por años de la normalización de la corrupción en la vida pública, asevera el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva.
En entrevista, el también investigador nacional III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, señala que aunque en la anterior administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se hayan tolerado transgresiones a la normativa de Fideicomisos y Programas Presupuestarios, esto no debe ser una práctica perpetua.
El autor de Los parásitos del poder, libro en el que se basó el presidente López Obrador para enviar la iniciativa de ley que eliminó las pensiones de los ex presidentes de la República, considera que la investigación contra los 31 científicos que integran el Foro, escapa de la influencia que puede tener la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, pues se trata de un asunto que se persigue de oficio por la FGR. -Se ha vuelto un tema de gran controversia el caso de la FGR contra científicos a instancias del Conacyt.
¿Cuál es el origen de este conflicto?
-El tema es una cuestión de pesos y centavos. Por 18 años el Conacyt otorgó 471 millones 800 mil pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. El punto de quiebre reside en la creación de la figura de una AC de derecho privado como Foro Consultivo Científico y Tecnológico similar al previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley Orgánica del Conacyt de junio del 2002, que prevé que ese Foro sería un órgano de consulta interno, por ende, sin personalidad jurídica y patrimonio propio.
La creación del Foro de idéntico nombre con el apellido de AC estaba fuera de la ley. No podía ser un Asociación Civil el citado Foro porque al estar sujeta al derecho privado habría un impedimento para su fiscalización y correspondiente fiscalización de cuentas, como efectivamente ocurrió.
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