Entre amenazas y tensiones eligen a Alcaldesa interina de Tancanhuitz
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de noviembre de 2018. Cuestionado sobre qué grado de responsabilidad tienen las autoridades estatales en el contexto de violencia hacia las mujeres, y que se traduce de manera particular en las más de 50 muertes violentas de féminas en lo que va del año en San Luis Potosí, el Subsecretario de Derechos Humanos, Ulises Valencia Gordillo, reconoció que es el Estado el responsable de que persista esa problemática social.
«Por supuesto que el Estado es el responsable, los ciudadanos esperan que el Estado dé respuestas y haga justicia, y que el Estado nos dé los elementos para caminar de manera tranquila y segura, ¿quién más sino es el Estado?» reconoció el funcionario.
También se le cuestionó si el mecanismo institucional de la Alerta de Violencia de Género es un fracaso, y aunque en un principio señaló que cuando hay una sola mujer, adolescente o niña violentada, se puede asumir que las instituciones y sus mecanismos han fracasado, Valencia Gordillo reculó, y dijo que «sólo se puede hablar de fracaso cuando las instituciones dejan de trabajar para incidir en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres».
Añadió que el Estado debe asumir el compromiso de garantizar eficiencia en tres niveles: prevención, seguridad y justicia sobre los hechos de violencia de género, para dar certeza del estado de derecho y evitar que la sociedad pretenda hacer justicia por propia mano.
En ese respecto, cabe recordar que uno de los últimos casos más sentidos en materia de violencia hacia las mujeres, es la presunta violación de cinco menores de la escuela primaria Niños Héroes, ubicada en la comunidad de Milpillas y que provocó el intento de linchamiento de un profesor señalado como presunto responsable; de las cinco víctimas, tres son niñas.
Al respecto, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aseguró que las instituciones del Estado, particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro de Justicia para Mujeres, están dando el acompañamiento jurídico de las afectadas, así como la atención médica y psicológica.