Justicia por consulta, es venganza

La nueva escandalera surgió a partir de una chabacana interpretación de la impartición de justicia, del electo López Obrador.

Primero dijo que su gobierno perdonaría todos los actos de corrupción del pasado –entiende que el futuro de México empieza el 1 de diciembre–, incluso de los ex presidentes.

Luego aclaró que continuarán las acciones de justicia en marcha, ya que lo importante “es terminar con esa horrible historia de corrupción; poner punto final”.

En entrevistas, como la de Ciro Gómez Leyva, en Imagen, Obrador dijo estar dispuesto a perdonar a los ex presidentes, incluso sin importar que le den la espalda quienes creyeron en él.

Y matizó cuando dijo que si hechos externos lo exigían –en referencia a denuncias de que El Chapo habría sobornado a ex presidentes–, podría llevar a juicio a ex presidentes. ¿Qué significa eso…? Le preguntaron. No dijo más.

Pero ya en medio de “la feria del perdón”, la mañana de ayer “apareció el peine”. Frente a su comparsa preferida, Carmen Aristegui, dijo que podría consultar a los ciudadanos si enjuicia o no a los ex presidentes.

Hablaba de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y, como era de esperar, las redes estallaron.

Lo simpático y “chabacano” del tema es que pocos aclararon que el futuro presidente de los mexicanos no es ni Dios, ni el Papa Francisco y tampoco un ministro de algún culto, para perdonar a nadie.

En una democracia representativa, como la mexicana, los servidores públicos sólo puede hacer aquello que establece la ley. Y punto.

Y según la Constitución, López Obrador no puede perdonar, amenazar y/o prometer nada que no sea de su competencia.

Pero resulta que en la democracia mexicana la impartición de la justicia corresponde al Poder Judicial, en tanto que la investigación de los delitos estaría a cargo de una fiscalía autónoma, no en manos de un “fiscal carnal”, como quiere el Partido Morena y como aspira el Presidente electo.

Pero la mayor de las aberraciones –en cuanto a “la feria del perdón” que pregona Obrador–, es que ahora también quiere llevar a consulta popular una responsabilidad exclusiva de las instituciones del Estado, como la impartición de justicia.

Esa posibilidad –estás en nivel de posibilidad–, no sólo significa una grosera violación constitucional sino la desaparición de los contrapesos y, sobre todo, la cancelación de la división de poderes.

Y es que la Carta Magna establece las premisas fundamentales para todo el sistema de investigación del delito y de impartición de justicia. Y, en ningún caso, la consulta ciudadana es parte de esas premisas.

Y es que preguntar al pueblo si quiere o no que se lleve a juicio a tal o cual servidor público –a los ex presidentes–, significaría abrir la puerta a la venganza política por mandato popular –Pilatos preguntó crucificar a Jesús y/o perdonar a Judas–, y se confirmaría la instauración de una dictadura.

Justicia por consulta, es venganza; aquí y en china.

Al tiempo.