Ni AMLO ni SHCP, sino el Estado constitucional neoliberal salinista

En las informaciones sobre la aprobación legislativa del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, solo el periódico La Jornada acertó en encontrar el punto central del proyecto de transformación del gobierno de López Obrador: “la responsabilidad que tiene el Estado de promover y encauzar el desarrollo económico nacional”.

El problema de la propuesta de la 4ª-T radica justamente en que rediseña en decisiones prácticas el regreso del Estado como el rector de la economía y del desarrollo, toda vez que en el período 1980-1993, los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari redefinieron el papel del Estado sólo como un mero administrador de la economía privada.

El modelo ideológico del neoliberalismo delamadridista-salinista, como aquí se ha señalado antes, se basa en la propuesta neoliberal de Theda Skocpol sobre el “Estado autónomo de compromisos sociales”. En base a esta reconfiguración del papel del Estado, De la Madrid y Salinas de Gortari liquidaron el viejo Estado social intervencionista de la Revolución Mexicana y dejaron al Estado como mera autoridad vigilante del funcionamiento del mercado y la apropiación privada de la riqueza social.

Los paquetes de reformas constitucionales de esos dos gobiernos acotaron el papel del Estado, comenzando con la liquidación de empresas del sector paraestatal propiedad de la nación para entregárselas al sector privado con la justificación de que se requería la dinámica del mercado en la economía. Hoy, por ejemplo, el modelo de gas bienestar puesto en práctica por el presidente López Obrador representa el regreso del Estado a regular de manera directa y con empresas públicas sectores considerados prioritarios para la sociedad, tomando en cuenta que el 80% de los mexicanos no es propietario de medios de producción y depende de los chicotazos del mercado.

En este contexto, la declaración de Ramírez de la O redefine el papel de la Secretaría de Hacienda como organismo encargado del Plan Nacional de Desarrollo y éste de definir las tareas y funciones del Estado en la economía, más allá de las metas puramente supervisadoras.

Sin embargo, el replanteamiento de Ramírez de la O en el Congreso pasa de modo natural y obligatorio por la reforma posneoliberal al modelo de desarrollo del Estado neoliberal construido por De la Madrid y Salinas de Gortari. El primero acotó la rectoría del Estado a funciones supervisadoras y el segundo desmanteló la estructura social-corporativa que tenía el PRI para gestionar la hegemonía económica y productiva del Estado.

Los conflictos en tribunales judiciales y de controversias del tratado contra decisiones presidenciales de recuperación de la predominancia del Estado en actividades de bienes indispensables, de electricidad, de hidrocarburos y de telecomunicaciones, entre otras, es producto de las limitaciones legales del Estado neoliberal ante la recuperación de actividades prioritarias sociales por el Estado posneoliberal.

Al proyecto de la 4ª-T le han faltado las reformas constitucionales para revertir el Estado neoliberal, además de que no ha redefinido el modelo de política económica que logre la conciliación hasta ahora imposible de una política de subsidios sociales con estrategias macroeconómicas propias del pensamiento neoliberal, como son los impuestos, la deuda y subsidios como el Fobaproa que siguen siendo una piedra atada al cuello de las finanzas públicas restringidas para combatir la desigualdad social de 80% de mexicanos con dificultades de bienestar y solo 20% de personas sin restricciones sociales.

Las declaraciones del nuevo secretario de Hacienda no alcanzaron a proponer una nueva política económica funcional a los objetivos del desarrollo social y su margen de maniobra será igual de estrecho que el que tuvieron sus antecesores Carlos Urzúa y Arturo Herrera y fueron insuficientes para dibujar algún escenario que saque al país de la expectativa, según encuestas del Banco de México, de un crecimiento económico promedio anual de 2.2% para los próximos diez años, cuando el compromiso presidencial era de mínimo 4%.

Aclarado el nuevo papel del Estado, falta por saber cómo recuperará su rectoría del desarrollo.

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