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SAN LUIS POTOSÍ, SLP, 15 de julio de 2021.- Tras haberse anunciado que el 1 de agosto del presente año se realizará una consulta ciudadana, en la cual el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador promete realizar un juicio político a expresidentes mexicanos, surgen dudas sobre si esta consulta contará con el apoyo del padrón electoral y sobre que tan ciertos serán sus resultados.
El politólogo Dr. Hugo Borjas, egresado del Instituto Ortega y Gasset en España, opina que esta consulta parte de un buen ejercicio político que acerca al pueblo mexicano a la acción de la democracia directa, pero que tal vez, en el ejercicio legal no podría tener acción que marque la idea preconcebida de la misma, la cual parte de ver a algún expresidente frente a un banquillo compareciendo.
Para que esta consulta ciudadana tenga peso legal se debe tener en consideración que debería votar en un solo sentido el 40% del padrón electoral de votantes, y esto presenta una complicación estadística, ya que el INE en la última elección reporto un padrón por cerca de 94 millones de afiliados, de los cuales sólo en consideración votó como máximo el 60%.
El Dr. Borja explicó que en caso de obtener un máximo, lo siguiente a ocurrir legalmente, es abrir la posibilidad de realizar una investigación para verificar ciertos actos particulares que fueron dañinos para el pueblo mexicano, lo que presenta el problema sobre si existen pruebas que sustenten este acto, ya que estás podrían ser inexistentes tras los años que han ocurrido, a lo que señala que son necesarios muchos pasos más para poder afianzar la idea de ver a personas como Calderón, Salinas, Fox o Peña Nieto compareciendo frente a un tribunal, por lo que ante la funcionalidad de esta consulta señaló que de existir pruebas vigentes y que estén en el momento de ser analizadas esta acción ciudadana carecería de sentido.
Si bien se espera un respuesta ciudadana alta es necesario señalar que esta consulta no está poniendo la ley a prueba, ya que como lo explica el Dr. Borja, la ley no se somete a consulta, es solo el hecho de hacer público un acto de democracia ciudadana, el cual quizá siente las bases para un futuro en donde la población pueda exigir acciones prontas ante su sistema gubernamental