SLP sin acatar Política Nacional Anticorrupción

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de mayo 2021.- El estado forma parte de las 16 entidades que no se han alineado a la Política Nacional Anticorrupción aprobada desde hace año y medio, sólo 15 entidades lo han hecho, es decir, el 46.8 por ciento del territorio nacional ya lo realizó.

En SLP, se siguen aplicando las leyes reformadas desde el 2017, únicamente los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, han cumplido con dicha ley.

Para la entidad el tema de corrupción es uno de los pendientes que han dejado las autoridades desde hace años, pues aún hay investigaciones que continúan abiertas y que no se han esclarecido, tal es el caso del exdiputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Flores Flores, que en 2017 fue exhibido mediante videos donde extorsión a alcaldes potosinos.

También persisten las acusaciones contra el ahora candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, que incluso están en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que no terminan por dar un veredicto, otro caso que involucra a uno de los competidores por la gubernatura es el de Mónica Rangel, que durante su gestión como titular de la Secretaría de Salud, fue acusada por el desvío de más de 400 millones de pesos, tampoco han concluido las indagatorias de este caso.

En lo que respecta al combate a la corrupción, las autoridades han quedado mucho a deber, pues tuvo que pasar más un año para que fuera elegido el fiscal anticorrupción, luego de la renuncia de Jorge Verá Noyola el 31 de enero de 2020, siendo hasta el pasado 6 de mayo cuando se concretó el nombramiento de Aurelio Torres Zúñiga, con casos como los mencionados que tendrá que sacar adelante luego de un gran rezago.

La política Nacional Anticorrupción fue aprobada el 29 de enero de 2020 por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en ella se define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en México, misma que se rige bajo cuatro ejes: combatir la corrupción e impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno – sociedad e involucrar a la sociedad y el sector privado.