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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2021.- Se consumó el primer precedente sindical de México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra la corrupción de los gobiernos neoliberales y Grupo México, anunció el senador Napoleón Gómez Urrutia, al destacar que “Los mineros celebramos que ahora podrá intervenir el gobierno democrático del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien garantizará la justicia social”.
Y es que el 6 de mayo del año en curso, el Sindicato Minero que encabeza Gómez Urrutia, recibió el informe de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la admisibilidad de la petición P-5-12, de 828 mineros de Cananea y sus familias, con el registro del caso 14.575, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que hace ver que el Sindicato Minero sí agotó los recursos internos antes de acudir a la CIDH, siendo falso lo que afirmó el gobierno de Peña Nieto en 2017, de que el Sindicato no los había agotado.
La CIDH declara admisibles los derechos reclamados por el Sindicato, de la CADH de garantías judiciales (artículo 8), de libertad de asociación (art.16), de protección judicial (25), de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (26), en conexión con el art. 1.1 de la obligación de respetar los derechos, el art.8 de los derechos sindicales, éstos del Protocolo de San Salvador.
El Sindicato Minero recurrió a la CIDH cuando en el país se cerró las puertas de la justicia a los mineros de Cananea, en huelga desde el 30 de julio de 2007, la que fue declarada existente en 2009, por lo que la empresa de Germán Larrea acudió a un recurso ilegal: pedir la terminación de las relaciones de trabajo, la terminación del contrato colectivo y dar fin a la huelga, “por causas de fuerza mayor”, para lo que tuvo el apoyo de la Junta Federal y la Suprema Corte, imponiendo Larrea a su abogado particular Fernando Gómez Mont, como Secretario de Gobernación (ni más ni menos) de 2008 a 2010.
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