Iniciativas y reformas

Luego que se dieran los primeros reveses jurídicos, de oportunos vaticinios, a la reciente reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, LIE, se han dado nuevas suspensiones.

Por ahora son suspensiones provisionales y luce exacerbada la reacción del jefe del ejecutivo federal; aunque Jefe de Estado, los poderes son autónomos.

Vaya, tiene oportunidad para interponer recursos legales –y políticos- más que tratar de intimidar o regañar, hay más.

No está claro qué resultará del proceso una vez que se discuta el fondo del asunto, pero la constitucionalidad, o no, de esta reforma de ley es muy clara; veremos.

Este asunto toma relevancia en el contexto del anteproyecto de ley en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; que todavía está en la asesoría jurídica del Palacio Nacional.

En materia de CTI no se coman ansias; sin reduccionismo, hoy faltan varios eventos legislativos para concretarse reforma alguna:

• La composición de curules en la Cámara de Diputados después de junio de este año –situación relevante para CTI y para reformas constitucionales, entre otras-,
• Los términos en que sea incluida en la agenda legislativa, si llega a ocurrir, la iniciativa de ley para CTI que dos Senadores han anunciado, así como los términos de dictamen de ésta, alternativa a aquella de CONACYT, o, en complemento,
• La inclusión en agenda, emisión de dictamen aprobatorio en comisiones y aprobación del pleno –en lo general y particular- en la cámara del Poder Legislativo donde se presente, de ser así, la iniciativa de ley para CTI que impulse CONACYT.

Mientras ocurren tales eventos legislativos muchas cosas pueden suceder, hay incertidumbre y hay madruguetes, atentos.

Luego, de aprobarse y decretarse la posible reforma de ley para CTI, como en la reforma a la LIE, están las instancias del Poder Judicial; las que sean oportunas, permitentes y de competencia en materia de CTI.

Una alternativa es en materia administrativa federal, se depende de los términos exactos en que fuere aprobada una reforma y los mismos de la defensa interpuesta ante ésta.

El camino es largo para contar con una norma en CTI toda vez que CONACYT ha mostrado incapacidad de acción política y administrativa; ni hablar de una ley progresista, incluyente y potenciadora de las capacidades mexicanas cuando por tozudez se ignoran opiniones y propuestas.

Otra cara de la reacción en Palacio Nacional ante las suspensiones provisionales a la reforma de la LIE, es la oportunidad de responsabilizar a terceros por sus posibles efectos; es curarse en salud, la política es compleja.

Esta componente, la político-electoral, no estará presente o será muy débil en el caso de CTI; el valor electoral de la CTI es bajo, quizá sea un elemento de priorización para que no haya sido elegida este año como iniciativa preferente por el ejecutivo federal, además que quizá no provoque iracunda respuesta si fueren contrapesados los actos desde Palacio Nacional.

En algún sentido, tal situación mostraría, una vez más, lo ajeno que le es la CTI al grueso de la población; tenemos un gran reto quienes nos dedicamos a ella, es mayor que el de difusión y divulgación científica.

Si la CTI no es del interés masivo en México, posible causa de la desvaloración político-electoral, ¿cómo es que la población mexicana podrá reclamar el derecho a recibir los beneficios de la CTI si no se interesa en ésta?

Recibir los beneficios de la CTI es un derecho constitucional, pero la CTI está ausente en la intención e interés popular, con consecuente desvaloración de ejercer el derecho a los productos mismos de la CTI.

Una CTI ausente refuerza la creencia que no hay vacunas diseñadas aquí, teléfonos y telecomunicaciones tampoco, no hay autos mexicanos, no hay nuevos materiales que incidan en la vida diaria, etcétera.

Lo anterior es impreciso, verdad a medias, pero ha permeado al imaginario colectivo; reitero que falta mucho por hacer.

Sin perder vista a acontecimientos en reformas normativas, continuemos nuestro trabajo.