¡No puede ser de otra manera!

La indolencia, la corrupción y la simulación, han sido la constante en la operación de las instituciones federales que tienen como propósito el cuidado del medio ambiente. A pesar de que las leyes con que operan, aprobadas por el legislativo, conceptualizan adecuadamente los problemas medioambientales y trazan la ruta de su atención, y fijan las competencias que deben asumir los tres órdenes de gobierno, en el diario transcurrir no se ha detenido siquiera la tendencia ecocida que se mueve vertiginosa al ritmo de la codicia económica y de una visión totalmente errada y suicida del progreso.
A un mes de que concluya el presente sexenio la valoración de lo que han sido las políticas ambientales federales es la del fracaso generalizado. El que el ejecutivo federal haya firmado los compromisos que implican la agenda 2030 o los Acuerdo de París, o todos cuantos le han presentado, no lo hacen, en absoluto, un gobierno consecuente con el medio ambiente. En sus seis años este gobierno sucumbió a los intereses de las mineras, de las empresas turísticas, de la industria, de las expansiones comerciales, de las plantaciones ilegales y fue ampliamente permisivo con los ecocidas que, por ejemplo en el caso de Michoacán, han destruido la mayor parte de sus bosques, patrimonio de todos.
Es un hecho archisabido que la corrupción que campea en estas instituciones ha abierto la puerta a todo tipo de acuerdos bajo la mesa para que bosques y aguas terminen devastados para satisfacer los intereses de los capitales que hacen fortuna a costa de pisotear los derechos humanos de los mexicanos. El cáncer de la corrupción que ha hecho metástasis en instituciones como Profepa y Conagua las ha convertido en icono de la ineficiencia y las ha inutilizado administrativa y moralmente frente a la ciudadanía. De hecho, y esto es tristemente paradójico, son las principales responsables del ecocidio que vive el país. Uno de los ejemplos más dramáticos lo vivimos los michoacanos. La inmensa cantidad de bosques perdidos en lo que va del sexenio para convertirlos en huertas aguacateras y de otras plantaciones y el otorgamiento irregular -y contrario a la ley- de permisos para perforar pozos, cuentan con la complicidad de estas instituciones que amparan su criminal actuación en formulismos administrativos ineficaces, puestos a modo, y en la omisión entreguista en favor de sus socios corruptores.
La urgencia de una revisión a fondo por el nuevo gobierno federal para limpiar estas instituciones y reestructurarlas es imprescindible si se quiere que las nuevas políticas ambientales tengan credibilidad y logren resultados satisfactorios. Cada una de estas instituciones federales, que han simulado la defensa del medio ambiente, deben ser rigurosamente auditadas en cada una de sus funciones para deslindar las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar.
Si uno de los propósitos de estas instituciones es evitar el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques, y para ello tienen medios legales bastante precisos, cómo es que Michoacán, por ejemplo, los está perdiendo a velocidades alarmantes sin que, como lo dicta la ley federal correspondiente, se estén recuperando, ni siquiera un 10% de ellos. Si la finalidad de la Conagua es garantizar el derecho humano al líquido vital de los mexicanos, cómo es que en las zonas aguacateras y de cultivos de frutillos el criterio operativo de esta vergonzante institución sea primero los aguacates y al final el derecho humano de los pobladores. !Esto es un crimen!
La nueva política ambiental del gobierno federal que inicia el primero de diciembre no puede realizarse con la podredumbre de estas instituciones y con la continuidad de sus operadores, que son los que hasta ahora han precipitado al país y a Michoacán a la crisis ambiental que hoy tanto nos preocupa y tanto daño ya nos está ocasionando.
La recuperación de las miles de hectáreas que por la vía de la corrupción y la simulación hemos perdido deben ser necesariamente recuperadas. En cada caso de plantación aguacatera cultivada a costa de pino y de encino se podrá encontrar una historia de cohecho y corrupción en donde el propietario, por debajo de la mesa, entrega decenas o cientos de miles de pesos a inspectores y funcionarios para que le otorguen a modo procedimientos administrativos condenados al fracaso legal y con ello asegurar la existencia e irreversibilidad de la plantación ilegal.
Le bastará al nuevo gobierno intervenir al azar en 10 de estas plantaciones en Michoacán para que encuentre ese fondo de podredumbre: propietarios que compran impunidad y servidores públicos expertos en prevaricación. Que incluso a bordo de carretera, a la vista de todos, esté ocurriendo el cambio de uso de suelo solo se puede explicar por el nivel de corrupción y entreguismo de estas instituciones federales que tienen las más claras facultades legales para intervenir y evitarlo.
O se refundan las instituciones ambientales federales y se sanciona a los malos funcionarios que son parte central de la tragedia ambiental o no hay mejoría de las expectativas en esta materia ni para México ni para Michoacán. Si la cuarta transformación quiere serlo de verdad, debe pasar obligadamente por la transformación de las instituciones y leyes ambientales federales. ¡No puede ser de otra manera!