Solicita CNDH a Gobierno del Estado implantar medidas cautelares

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de octubre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDHSLP) condenaron las expresiones del diputado local Edgardo Hernández Contreras en la sesión del Congreso del Estado celebrada el pasado jueves e informar que pidieron al Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, la implementación de medidas cautelares para proteger a las legisladores Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Sonia Mendoza Díaz.

A través de un comunicado de prensa, ambos organismos “consideran” las expresiones del legislador contra ambas representantes populares, “rebasan el diálogo y el debate, al basarse en estereotipos de género que atentan contra el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, ya que con independencia del ámbito en que fueron formuladas no hay razón que las justifiquen”.

Por ello, la CNDH solicitó a Leal Tovías, la implementación de medidas cautelares para salvaguardar el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de las legisladoras, sus familiares y colaboradores, “al reunirse los requisitos indispensables para proceder a su otorgamiento, como el riesgo o peligro real en que se puede encontrar una persona debido a circunstancias”.

“La urgencia, determinada por la información y contexto de los hechos que indican peligro y amenazas, e irreparabilidad del daño, consistente en la probabilidad de que se cause una afectación que no pueda ser susceptible de reparación, restauración o adecuada indemnización. Se trata de prevenir actos de difícil o imposible reparación”, añade el comunicado de prensa.

A su vez, añade, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dará vista al Observatorio de Participación Política de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Fiscalía General del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, “realicen el trámite que conforme a derecho proceda”.
Para las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos las expresiones del legislador contra sus homólogas, mediante palabras violentas, pueden interpretarse como una “amenaza velada y evidencian profunda misoginia”.
Lo cual, advierten, agrava al haberse pronunciado no solo en una tribuna pública, sino en la sede del Congreso y tales comentarios “contribuyen a la naturalización y tolerancia de la violencia contra las mujeres, por lo que el legislador no puede ignorar la fuerza de su dicho ni omitir su responsabilidad”.

Asimismo, ambos organismos asentaron que la libertad de expresión del legislador en el debate parlamentario tiene un límite, ya que impacta de manera estructural y sistemática como violencia para la condición de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.
La solicitud de medidas cautelares fue firmada por la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y se pidieron por el tiempo que se requiera y tienen como fundamento los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno. En ella se solicita se informe de manera inmediata a la CNDH respecto de su aceptación y, en ese caso, reportarle las actividades que se realicen para su cabal cumplimiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantendrá su observación respecto al cumplimiento de las medidas cautelares en favor de las legisladoras, con el fin de que les sean respetados sus derechos fundamentales.