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Inteligencia y principios
La Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, tiene traslape con la formación de recursos humanos.
Estos, los recursos humanos formados, tienen un indubitable impacto de social; en un primer plano, las familias confían en las Instituciones de Educación Superior, IES, a nuevas generaciones con la expectativa que retornen profesionales y profesionistas en diversas áreas del quehacer humano.
Las IES que les reciben yacen en los sistemas de Universidades, de Institutos tecnológicos o de Centros Públicos de Investigación y justifican en gran medida su existir en este hecho.
La expectativa no sólo es familiar, sino que además es individual; quienes son estudiantes prospectan su vida productiva en un ámbito de movilidad social ascendente, MSA.
La MSA incluye, necesariamente, un mercado laboral; cada persona confía encontrar elementos que le permitan prosperidad y para ello en una estructura social de inserción en diferentes contextos que pueden, de manera simplista, clasificarse como grandes grupos de opciones: el sector público y la alternativa de iniciativa privada.
Quienes ingresan a estudios de posgrado no se sustraen de estos hechos.
Hay una creencia, propiciada y reforzada por la inexistencia políticas púbicas en CTI, en el sentido que una persona con grado de maestría o doctorado debe insertarse en el ámbito docente (público o privado) o en actividades de investigación científica, que en México se hayan monopolizadas en el sector público.
La parte cierta es que si alguien quiere dedicarse a la docencia o investigación necesita los grados en áreas relativas a CTI.
Lo perverso de tal creencia es que, en complemento, se asume que, si alguien desea trabajar en la iniciativa privada para desarrollarse en actividades diferentes a las docentes; entonces no debe estudiar posgrado en CTI.
¡FALSO!
La iniciativa privada promueve en su personal posgrados en áreas administrativas y gerenciales, una consecuencia de la componente perversa es que los sectores productivos privados en México no cuentan entre su personal a personas con capacidades, habilidades, aptitudes y competencias formadas en CTI.
El hecho limita el crecimiento de la iniciativa privada y del recurso humano formado en CTI.
Otros países, no solo las grandes potencias mundiales, cuentan con políticas públicas que favorecen el crecimiento del mercado laboral en la iniciativa privada para profesionales de la CTI; en México no se ha construido esta alternativa.
No se trata de otorgar subsidios públicos a la contratación de profesionales en CTI, sería una política pública más con miopía, sino de condiciones de largo plazo para que suceda tal contratación o bien se propicie el emprendimiento de base tecnológica.
La comunidad en CTI tampoco se ayuda cuando asevera, quizá en falsedad involuntaria, que no sabe cómo interaccionar con el sector productivo, cómo ofertar soluciones a requerimientos de empresas, cómo innovar.
Este dicho permea en la voluntad de autoridades, empresas y, peor aún, en los recursos humanos en formación; genera un círculo vicioso en la sociedad.
Para empezar, no se concibe a los sistemas de IES ni en CTI como una industria del conocimiento, cuya cadena de valor productivo sea reflejada, al menos, en el recurso humano mismo, personas con valor agregado para impulsar una mejor sociedad cada vez.
No me sorprendería ver algunas cejas levantadas con el párrafo anterior, sería consecuencia de que no se concibe como tal.
La ausencia de esta concepción es históricamente ausente en la normatividad; en el anteproyecto de ley general para CTI que ha presentado CONACYT nada al respecto.
Esta columna opina que Huey Tlatoani no lo tomará en cuenta ni lo promoverá, tiene otros pendientes, espera resultados del gran proceso electoral a mitad año.
Quizá sea incluido en agenda legislativa de la legislatura siguiente, una vez ahí, si se preserva la composición del congreso como está, será pan comido para el anteproyecto estatista sin política pública para un mercado laboral en CTI.