Reforma y CTI

Durante la administración federal anterior no hubo, ni de cerca, una reforma normativa del alcance que es pretendido en la administración actual; a pesar que el anterior titular del ejecutivo se reunió mas veces que nunca con los órganos federales de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.

El anterior Director General de CONACYT pretendió, al menos eso decía, una reforma en materia de CTI; incluso que llevara, en congruencia con sus estudios técnicos, a que CONACYT fuese un organismo autónomo constitucional.

Hizo mucho menos que eso, mientras que, en contraste, ahora un anteproyecto está listo para la agenda legislativa; falta se incluya en la siguiente sesión ordinaria del Congreso.

De hecho, hay incumpliendo en la actual legislatura quién se autoimpuso que sería el año pasado cuando fuera legislada tal reforma en CTI, pero bueno está en la fila aquello que el sexenio pasado nunca sucedió.

Tal hecho no implica que la propuesta de reforma actual sea progresista ni mucho menos, sólo significa que en el sexenio anterior hubo incapacidad político-legislativa por quien fue titular de CONACYT; si bien el balance legislativo era distinto, con tibieza aseguraba “no es momento de echar a andar legisladores”, una pasividad recurrente.

El caso es que la reforma en materia de CTI se quedó sólo ideas.

Ahora bien, la lectura al actual anteproyecto preocupa ya que, de entrar en la sesión ordinaria, será seguramente una ley general.

Veamos el contexto de la propuesta actual para regular la función del estado en la materia de CTI.

El anteproyecto en comento dista mucho de ser avanzado, como va resultará más una ley estatista y centralista; eso sí la redacción se cura en salud para “respetar” la autonomía universitaria, aunque al ser general limitará hasta a las entidades federativas que son soberanas.

Además, el anteproyecto de ley para CTI asegura que se respetará la libertad de pensamiento e investigación; pero que se promoverán, es decir financiarán, aquellas directrices que se fijen en la Política de Estado, -el Estado Mexicano que, dicho así, implica los tres poderes-, así como en la llamada Agenda del Estado en la materia.

Con esto, quienes más pierden son las entidades federativas y los Centros Públicos de Investigación, CPI’s.

Lo anterior traerá afectación entera al ecosistema nacional en CTI –modelo mucho mas avanzado que el de tripe o penta-élice-.

Los CPI´s deberán ceñirse a tal política y agenda toda vez que son parte del poder ejecutivo federal y de ahí parte del estado mismo, así o mas claro.

Esto es grave para los CPI’s, pero mucho mas para la interacción de los actores en CTI, que incluye universidades, habrá gran afectación al ecosistema científico nacional y las soluciones que éste pudiera generar.

Hagamos un breve alto, uno que ilustra el punto.

Los CPI´s son fuente de empleo para los recursos humanos formados en las instituciones, entre ellas las universidades públicas; si la CTI está regida por una Agenda de Estado y ésta por una Política de Estado, entonces los recursos humanos deberán tener capacidades CTI coincidentes con lo que agenda y política dicten.

En contradicción, habrá respeto a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria; así, o hay una lógica dislocada o hay perversión disfrazada.

Esta columna haya coincidencia en la relevancia que CONACYT sea un organismo autónomo constitucional; es buena teoría, pero no sucederá, al menos tampoco por este sexenio.

La actual administración no desea tal clase de organismos; ya han pasado “mas de una bola baja” – para estar en tono beisbolero-.

De muestra un botón reciente, incluso Huey Tlatoani ha expresado desacuerdo con la existencia del INAI mientras que se promueve asilo al creador de Wikileaks, de quién trascendió buscará asilo en Nueva Zelanda y no en México-.

Así que CONACYT no será autónomo, sino, de aprobarse el anteproyecto como está, será un órgano rector y vigilante que se cumplan la Agenda de Estado y la Política de Estado ligada: La CTI mexicana sin progreso.