Partidos políticos se comprometen a evitar campañas negras en elecciones

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de noviembre 2020.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), los poderes del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y partidos políticos, realizaron la firma de la Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía.

La consejera presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca Leal, indicó que esta declaratoria tiene el objetivo de que se pueda hacer un acuerdo por la civilidad en el proceso electoral local 2020-2021, así como por el respeto a los derechos de la ciudadanía para la elección de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

Añadió que los organismos deberán verificar que se cumpla con los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad. Además de que los partidos políticos, las y los aspirantes, así como las y los candidatos independientes deberán cuidar la ciudadanía en todos los eventos que se lleven a cabo.

«Para que la democracia sea efectiva se requiere que sea representativa, participativa y aspire a ser deliberativa. También debe ser dinámica con mecanismos periódicos de relevo de autoridades y transmisión de poder político, incluyente y tolerante, pero sobre todo respetuosa de la voluntad ciudadana y garante de la libertad, pero fundamentalmente de la dignidad del individuo en su expresión personal y colectiva», estableció.

Fonseca Leal subrayó que así como la Declaratoria, la Constitución impone garantizar una votación libre e informada por las y los ciudadanos, en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad.

Recordó que las condiciones de salud derivadas de la pandemia por Covid 19 impondrán nuevos retos al proceso electoral, por lo que medidas para la contención de la enfermedad, el cambio de vida, el ánimo social y los problemas económicos deberán ser tomados en cuenta por los participantes en la contienda y con estricto respeto hacia la ciudadanía.

Entre algunos puntos de la Declaratoria se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por lo que el estado, debe prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de los términos que establezca esta ley.

Asimismo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, en género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, preferencia sexual, estado civil, así como cualquier otro que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas.